POTESTADES ADMINISTRATIVAS DE MERCADILLO

¡Señoras,señores, pasen y vean!. Potestades administrativas a precio de saldo.

La administración también tiene sus misterios. ¿Quién puede ejercer potestades públicas y quién potestades administrativas?, ¿Son la misma cosa?. Hace algún tiempo alguien, con cierta fama de experto en corrupción y defensor del derecho administrativo, me decía que no eran lo mismo y que por eso las agencias podían ejercer las segundas pero no las primeras. Yo, menos entendido en cuestiones jurídicas intenté, sin éxito, encontrar la diferencia. A ello no me ayudaba la letra de las normas, que más bien me empujaba a ratificarme en mi idea de que vienen a ser la misma cosa. Finalmente he visto reconocido esto mismo en un escrito de esa misma persona en el que, donde dije digo digo Diego, señala implícitamente la identidad o equivalencia de ambas potestades.

Conceder subvenciones, por ejemplo, ¿es una potestad pública o una potestad administrativa?, ¿o ambas cosas a la vez?, ¿o es una tontería plantearse esa distinción?. La cuestión tiene su interés, aunque parezca a primera vista que se trata tan sólo de circunloquios mentales.

La Ley 30/92, en su artículo 2, dice que las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán la consideración de Administración Pública y sujeratán su actividad a esa Ley “cuando ejerzan potestades administrativas”.

El Estatuto Básico del Empleado Público reserva en exclusividad al personal funcionario el ejercicio directo o indirecto de “potestades públicas”.

De los dos párrafos anteriores se desprende que ambas potestades son cosa distinta, a menos que afirmemos la presencia de funcionarios en las entidades de derecho público.

La LAJA otorga a las agencias, a los tres tipos de ellas, el ejercicio de potestades administrativas, “salvo la potestad expropiatoria”. Si exceptúa ésta última será porque es una potestad administrativa, no una potestad pública, ya que entonces no haría falta exceptuarla. Esto, lógicamente, para el supuesto de que hubiera una distinción sustantiva entre ambas potestades. Si así fuera, cabría preguntarse ¿si la expropiatoria es una potestad administrativa...?. Uno esperaría que de haber distinción entre ambos tipos de potestades, las públicas fueran, digamos, aquellas cuyo ejercicio se haya más cargado de ese poder exorbitante que se le atribuye a la administración en un Estado de Derecho. Pero, entonces, ¿es que no es “poder exorbitante” el de expropiar?. Si, por el contrario, estamos en la hipótesis de que ambas potestades son lo mismo, se podría entender que la expropiatoria supone una potestad, administrativa o pública, en este caso sería indiferente, que por su propia característica se deja fuera del alcance de las entidades instrumentales o de la llamada Administración Institucional, pero en ese caso ¿sería ésta la única a exceptuar?.

Esta claro que meter a alguien en la cárcel o exonerarle de ella es un poder exorbitante que sólo tienen los poderes públicos. Pero ¿no es también un poder exorbitante el conceder una subvención a alguien con dinero público, o contratar con fulano en vez de con mengano, también con dinero público?. O inspeccionar instalaciones, conceder licencias. ¿Son públicas o administrativas esas potestades?. Y si son administrativas, y no públicas, las potestades que pueden desempeñar las agencias, porqué dice la LAJA y los Estatutos de éstas que su ejercicio estará reservado a “funcionarios”. ¿No quedamos en que lo que estaba reservado a éstos eran las potestades “públicas”?. De lo cual se puede inferir que son lo mismo, contradiciendo la conclusión a la que llegábamos antes comparando la ley 30/92 con el EBEP. ¿O se trata tan sólo de que las administrativas son la concreción y plamación, la ejecución práctica y real, de las públicas en una actuación concreta?, en cuyo caso se podría entender que sin ser estrictamente lo mismo ambas potestades sí tienen la misma esencia o contenido. ¿Se trataría entonces de algo así como del ejercicio delegado por parte de las agencias (potestades administrativas) de una potestad originaria de la administración (potestad pública)?.

Sea como fuere todo esto parece bastante confuso, o me lo parece a mí, por lo que creo que una mayor claridad y delimitación en este asunto no estaría mal. No obstante, a pesar de todo este embrollo hay una cosa que parece clara: la LAJA lo que hace es copiar a la LOFAGE, que es de 1997, aprobada durante el gobierno de Aznar. En la LOFAGE ya hay un diseño de administración paralela para el Estado. No supone ninguna novedad, como se ha comentado recientemente en algunas páginas amigas, el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Algunos se han apresurado a decir que el Estado copia a la Junta, y que “ahora” el Estado, con este proyecto de ley se va a fabricar su propia administración paralela a semejanza de la Junta. Pero ¿cómo que ahora?. El Estado “ya tiene” desde hace tiempo, desde 1997 cuando menos, su administración paralela. Ha sido justo al revés. No es éste el que ahora imita a la Junta, es ésta la que imitó al Estado. Deberíamos levantar un poco la vista de nuestros ombligos. El diseño normativo de la administración paralela en Andalucía fue copiado de la norma estatal citada. Algunos hablan ahora de “traición del PP”, cuando fue éste quien aprobó la LOFAGE. ¡Que traición ni que niño muerto!. ¿Por qué, porque interpuso el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reordenación andaluza?. ¡Y lo que hiciera falta con tal de fastidiar al enemigo!. Pero desde luego ninguna traición en cuanto a que este partido tenga una idea decididamente contraria a la creación de administraciones paralelas. Valencia y Madrid han sido buen ejemplo de ello.

Aquí los socialistas copiaron al PP en el diseño de la administración paralela. Y el nuevo proyecto de ley no hace más que continuar el camino iniciado con la LOFAGE. Eso sí, hay una novedad que supone ahondar un poco más en ese diseño, que, repetimos, en lo básico no es nuevo. Aparte del hecho de que se trata de un proyecto de legislación no sólo para el Estado sino para todas las administraciones, que contiene por tanto legislación básica, la novedad a la que quiero referirme es la posibilidad que tendrán las sociedades mercantiles del Estado de ejercer, de forma excepcional ( hay que echarse a temblar con esa puertecita), potestades administrativas. Esto último no es legislación básica, pero seguro que aquí terminamos copiándola también.

Por cierto, este punto de las sociedades mercantiles nos puede servir para añadir algo de lo dicho anteriormente respecto de las potestades públicas o administrativas. La LOFAGE decía que estas sociedades, en el Estado, no podrían disponer de facultades que impliquen el “ejercicio de autoridad pública”. El nuevo proyecto de ley mantiene esta imposibilidad, al tiempo que concede la posibilidad mencionada en el párrafo anterior. ¿Habrá que entender aquí que se está estableciendo una diferencia entre las postestades públicas ( ejercicio de autoridad pública) y las administrativas?. Pero entonces volvemos a preguntarnos: ¿no es ejercer autoridad pública el conceder subvenciones, etc...?.

Lo que parece cierto es que estamos asistiendo en los últimos tiempos, décadas, a una depreciación de esas potestades, públicas o administrativas. A una desvalorización de las mismas. ¿Es esto el modelo anglosajón?. La administración en España está cambiando hacia otro modelo. En Andalucía esto es particularmente chocante por que se cambia de modelo de administración sin haber tenido prácticamente experiencia del modelo que se abandona. Por eso no es un cambio, digamos, natural. Un cambio es tal cuando aquello a lo que viene a sustituir ha sido ejercitado hasta sus últimas consecuencias, se le ha visto sus pros y sus contras, y se ha llegado a la conclusión, no necesariamente explicitada, de que ya no da más de sí, y por eso es necesario un cambio de rumbo. Transitar por otro derrotero. Nosotros, desde que estrenamos la autonomía, estamos todavía por llevar a cabo el programa previsto en la Constitución, en la Ley 6/85, etc... Desde el principio ha faltado respeto por el Derecho Administrativo, tanto aquí como en el Estado, y tanto los del PP en otras partes como aquí los socialistas se han dedicado a montarse, cada cual en su territorio, su particular cortijo. En Andalucía, nuestro cortijo ha sido “legalizado” ( aquí si vale aquello de que quien hace la ley hace la trampa”) con leyes como la LAJA y la mas reciente Ley de Reordenación, más verazmente llamada Ley del Enchufismo.

Aveces me pregunto por qué no se oyen voces provenientes del mundo del Derecho Administrativo. ¿Hay quejas de los profesionales del Derecho? Es ésta una rama del Derecho que se enseña en las facultades de esta disciplina; se ejerce por muchos profesionales desde distintas posiciones a diario: jueces, fiscales, abogados, procuradores, y no digamos desde dentro de la propia administración general en los gabinetes jurídicos, etc... Qué piensan todos estos profesionales de lo que está pasando en las administraciones públicas, de esa depreciación de las potestades tradicionalmente protegidas bajo el manto de “la administración”, y que ahora puede ejercer casi cualquiera ( hasta las sociedades mercantiles).

Si ellos no pían qué vamos a hacer los funcionaritos de a pié que tenemos nociones de derecho pero no somos expertos. Y sobre todo, que no nos escucha nadie.

Claro que hay que considerar la posibilidad de que estemos equivocados los que pensamos que las potestades, ya sean públicas o administrativas, no deben salir de la administración. Esa es una posibilidad, porqué no. Sólo que a uno le gustaría que se manifestaran más los “expertos” para cambiar, una vez convencido, de parecer, o ratificarme, ya sin resquicio de duda, en la opinión de que todo esto es un desastre para el Estado de Derecho. Pero sobre todo, al margen ya de mi propia tranquilidad personal, me interesaría que esa queja, protesta, lucha, reivindicación, saltara de una vez de los muros de la administración y alcanzara a la sociedad civil, o al menos a esa parte de la sociedad que puede tener una opinión cualificada en el mundo del Derecho.

Por eso, desde esta humilde página quisiera lanzar un SMS por la Administración Pública y el Derecho Administrativo, que llegara a oídos de todos aquellos, profesionales del mundo del Derecho o no, aunque particularmente a los primeros, interesados en preservar los valores y principios constitucionales que deberían brillar en nuestras administraciones públicas, para que se abogara por la vuelta de las potestades, públicas o administrativas, al lugar del que nunca debieron salir.

A propósito de todo esto, en el momento de terminar de escribir estas líneas se ha hecho pública la imputación por el Tribunal Supremo de Chaves, Griñán y compañía, lo cual sirve para ejemplificar, mejor que cualquier discurso, lo que puede ocurrir cuando se deprecia el valor de las potestades en las administraciones públicas.

LA LIBRE DESIGNACIÓN

El otro día un compañero, en el trabajo, me decía que los puestos de libre designación en la Junta de Andalucía lo son porque es la manera más adecuada de asegurar que la persona que los ocupa es la que mejor se ajusta al puesto en cuestión. Cuando yo le objeté que eso no era así, me preguntó por el sentido de la palabra “confianza” unida a la caracterización de dichos puestos (“puestos de confianza”). Según su razonamiento, la “confianza” de quien tiene la facultad de designar al titular de un puesto, en la idoneidad de la persona elegida para su desempeño, es un criterio más adecuado como forma de provisión de ese puesto que el de la sujeción a un sistema de baremación de solicitudes en un concurso de méritos.

La cuestión me hizo reflexionar. ¿Porqué hay tantos puestos de libre designación en la Junta? ¿Porque, simplemente, hay puestos de libre designación?. ¿Cuál es el sentido de que existan puestos de libre designación?. ¿Es, como dice mi compañero, porque de otro modo no podrían ser cubiertos adecuadamente, con el personal más idóneo?.

Me puso como ejemplo el de un puesto cuyo sistema de provisión era el concurso, y sin embargo parecía que el perfil de la persona que lo desempeñaba no se ajustaba demasiado al de dicho puesto. Tuve que conceder que esto también pasa en nuestra administración. Sin embargo, se trata simplemente, en este caso, de la insuficiencia de un sistema de baremación claramente mejorable, que no hace, por si mismo, prevalecer al sistema de libre designación (a dedo) ni en cuanto a garantizar la idoneidad del elegido para el puesto ni, menos aún, a garantizar la igualdad constitucional de acceso a los cargos públicos.

En octubre de 2010 la pacífica y conformista gente de la función pública se amotinó en Torretriana, ante el descarado acuerdo que en su interior se fraguó entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y los sindicatos UGT y CCOO. Acuerdo que dio pié a dos decretos-leyes y posteriormente a la aprobación de la ley que consagraba, con un descaro sin precedentes, la práctica del enchufismo en la Junta de Andalucía. Meter por la cara, o por el dedo, no a uno ni a dos ni a tres, sino a veintitantos mil trabajadores de las fundaciones y empresas del sector público de Andalucía en las Agencias, creadas para la ocasión, integrantes de la administración instrumental de la Junta, con la consideración de empleados públicos a los que hasta entonces eran empleados privados.

En aquellos momentos las cosas estaban bastante revueltas entre el funcionariado. De una parte estaban los máximos dirigentes: Consejo de Gobierno, Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales. De otra parte los funcionarios. La Tropa. Pero en medio, entre los dirigentes y la tropa ¿quienes estaban?. Evidentemente los mandos intermedios. Jefes de Servicio fundamentalmente. Funcionarios ellos también, pero, mira por dónde, de libre designación.

El papel de éstos últimos en aquellos días no era fácil. Seguramente fue el más díficil. Muchos de ellos sin duda estarían anímicamente con “nosotros”. Con los que entonces nos rebelamos. De algunos de ellos nos constaba que era así. Hubo incluso quien manifestó su disconformidad con la política que se estaba imponiendo desde arriba y terminó dimitiendo. Pero, claro, no fue el caso de la mayoría. Es difícil cuando uno se acostumbra a un determinado sueldo, beneficios, estatus, etc, renunciar de repente a ellos.

¿Qué hubiera pasado si la mayoría de los Jefes de Servicio se hubieran puesto, activa y abiertamente, de parte de la tropa?. Posiblemente nada distinto a lo que ocurrió. O tal vez... Esto, que parece impensable, quizás no lo fuera tanto si a esos puestos se accediera por concurso de méritos. Si deja de existir la posibilidad de que te remuevan del puesto...

Por eso, ante esta medida-condición relativa a los puestos de libre designación que figura entre las setenta que han servido para que Ciudadanos apoyara la investidura de la representante más demagoga y populista que ha tenido el PSOE de Andalucía, la primera consideración que salta a la vista es que tal vez alguna que otra de esas medidas lleguen en algún momento a cumplirse o medio-cumplirse, pero desde luego entre éstas no estará la de prescindir del sistema de libre designación para la elección del personal de niveles inferiores a 30 (subdirectores generales).

El PSOE de Andalucía nunca va a cumplir con ese requisito, porque nunca se va a segar la hierba bajo sus pies. Los puestos de libre designación, y por tanto de libre remoción, se quiera o no, más tarde o más temprano, de una u otra manera, crean dependencia. Te concedo el favor de adjudicarte este puesto, con un sueldo por encima del de la mayoría, porque confío en ti. Después de esto quién va a morder la mano que te da de comer por un contrato con una licitación algo irregular, quién va a defraudar la confianza recibida por la concesión de una subvención faltando algún que otro requisito, por muy imprescindible que sea, quién va a poner en evidencia a su bienhechor negándose a modificar algún informe, quién va a contrariar a ese superior que te ha designado insistiéndole en que se controle más y mejor la actuación de esa Agencia adscrita, etc...

Una dependencia que tiende a nublar o desanimar el sentido crítico del más pintado. Ese es el resultado de una política de fomento de ese sistema digital de selección de personal dentro de la administración general. No hablemos de la otra administración, en la que es el único sistema.

Transigir con esa medida “impuesta” ( hay que reirse un poco de esta imposición de C,s), sería para el PSOE renunciar en buena medida a tener el control que siempre ha tenido sobre la administración y sobre ese funcionariado cada vez más desprofesionalizado, desubicado y resignado.

Los puestos de libre designación son la muleta del Gobierno en la administración. Dudo mucho que se prescinda de apoyo tan necesario.

CÓMPLICES A LA FUERZA

Les presento a Don Manuel Jiménez Barrios, actual Consejero de Presidencia y Vicepresidente, en funciones, de la Junta de Andalucía y a D. Ángel María Prados Ruiz, Presidente, en la primera decena del presente siglo al menos, de una asociación denominada Asociación Profesional de Derecho Deportivo.

Esta es una historia más de piratas. Sin islas caribeñas, ni arriesgados abordajes, ni feroces saqueos, ni tesoros escondidos, sino de piratas de traje y corbata, sin glamour ni exotismo, metiendo la mano en el tesoro, no precisamente escondido aunque si técnicamente cifrado en unos papeles denominados “Presupuestos”, ajeno a la vista del común de los mortales. Es un episodio más del saqueo, desde las mismísimas entrañas de la oficialidad de nuestra Comunidad Autónoma.

Esta historia podría comenzar así: Érese una vez un Secretario General para el Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, durante los años 2004 a 2011, el de la izquierda, el de las banderas detrás; y un presidente de un chiringuito alimentado por el PSOE de Andalucía denominado Asociación Profesional de Derecho Deportivo. El primero, cuya cara les resultará más familiar, aunque sólo sea de verlo en la tele al lado de Susana, era, allá por el año 2007, mi jefe. En ese año me incorporé, como funcionario, a un puesto en la Secretaría General para el Deporte y Manuel Jiménez Barrios era un jefe simpático, educado y con apariencia de honrado. Al otro, el que “redondea” la historia, apenas le conocí, cosa que no lamento porque debía ser un tipo prepotente a juzgar por la manera en que se movía por los despachos y por alguna referencia que me llegaría con el tiempo. En cuanto al primero, cómo iba yo a imaginar entonces que se convertiría en el Consejero de la Presidencia de un Gobierno presidido por una tal Susana, o incluso en Vicepresidente de la Junta; como tampoco podía imaginar que no era sino un elemento más del tropel de saqueadores que bajo la bandera del socialismo, en sustitución de la de la calavera, se dedicaron al abordaje desaforado de nuestros caudales públicos. Pero como la inocencia en la Junta dura lo que un caramelo en la puerta de un colegio, no tardó en estallar, ante mis propias narices, un pequeño escándalo que terminaría arrojando por la borda la poca que pudiera quedarme. Nada en comparación con lo que vendría después con la ley que consagraría el enchufismo en la Junta, con los ERE, Invercarias, cursos de formación y la interminable retahila que ya nos aburre. Apenas un primer aviso, pero un aviso meridianamente claro de lo que sucedía y podía suceder en el lugar al que había ido a parar tras superar unas oposiciones. Claro que este “pequeño escándalo” sólo estalló en el acotado y reducido ámbito de nuestro Servicio. No cruzó ninguna frontera más allá de ese recinto profesional. Hasta este momento, lector, en que estás siendo alcanzado por su retardada onda expansiva.

¡Hostias que es esto!, o algo parecido, exclamaba uno de mis compañeros llamando nuestra atención. ¡Qué pasa!, inquirimos levantando las cabezas.

En ese momento, se tramitaban en mi Servicio unas subvenciones que se concedían anualmente. Servicio de Formación e Inspección Deportiva, creo que se llamaba, perteneciente a la Secretaria General para el Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Eran subvenciones destinadas a entidades o particulares que realizaran actividades relacionadas con la formación deportiva y que, como cualquier otra subvención, tuvieran un interés social.

“Aquí aparece el Secretario General para el Deporte”, suelta mi compañero, que andaba revisando las solicitudes de ese año.

¿Cómo que aparece?. “Si, si, Manuel Jiménez Barrios, el Secretario General”. Aparecía como director de una actividad para la que se solicitaba la concesión de la citada subvención. No puede ser. “¿Que no?, y entonces aquí que dice”.

Se trataba de subvenciones regladas en régimen competitivo. Se concedían, mediante la firma del Sr. Secretario General para el Deporte, ayudas para la realización de cursos, para edición de material de formación o investigación deportiva, para celebración de congresos, jornadas o encuentros relacionados con el deporte, etc.. Alguien, en nombre de una asociación, solicitaba una subvención para dos actividades concretas: La primera de ellas se refería a la elaboración y edición de una revista deportiva y la otra para la celebración de una reunión de una comisión relacionada con el mundo del deporte. La revista se denominaba “Revista Andaluza de Derecho del Deporte”. En ese momento sólo conocíamos el nombre. Después nos enteraríamos que esa revista la editaba la propia Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, como puede verse en el enlace http://www.ctcd.junta-andalucia.es/publicaciones/22303_02.pdf.

¡Cómo va a pedir una subvención para él mismo!. Pero, vamos a ver, ¿quién pide la subvención?. Bueno, la piden los de la asociación esta de derecho deportivo..., pero aquí se habla de una revista de la que es director el Secretario General. También aparecía, en el consejo de redacción de la revista, algún que otro cargo de la Secretaría. En los presupuestos de elaboración de aquella, para los que se solicitaba la ayuda económica, figuraban también, como no, los honorarios de los miembros de dicho consejo.

La subvención para estas dos actividades la solicitaba una tal “Asociación Profesional de Derecho Deportivo”. La solicitud la firmaba su presidente: Ángel María Prados Ruiz, también miembro del consejo de redacción de la revista. Más tarde me enteraría que este tipo, o bien su hermano, no recuerdo bien, había sido el antecesor en el cargo de mi jefe.

¡Tenemos que hacer algo!. No sé...Y qué vamos a hacer... Pues por lo menos que no nos tomen por tontos, que vean que nos damos cuenta de lo que pasa. No era el primer año que esa asociación solicitaba la subvención y además se la concedían año tras año. Encima era de las más cuantiosas económicamente; en torno a los treinta mil euros. Sólo que otras veces quizás se había presentado la solicitud con más cuidado en cuanto a los nombres que aparecían, pero ese año, se ve que confiados en la impunidad acostumbrada se les había deslizado algún dato de más. O quizás mi compañero indagó más que otras veces. No lo sé. Más difícil era justificar a la Intervención Delegada que en teoría debía fiscalizar las actividades subvencionadas. En fin, hoy todo esto me parece un despropósito, pero entonces, recién llegado a ese Servicio no me hacía una idea muy clara de donde estaban o debían estar los controles, pero desde luego no me olía todo aquello, como al resto de mis compañeros, nada bien.

Puede ser que no sea muy correcto lo que se ha hecho, pero ¡aquí no hay nada ilegal!, decía mi Jefa de Servicio, intentando reconducir la situación y nos repitió, ya en un tono de mayor irritación no exento de una pizca de desafío o de provocación amenazadora: ¡es que me vais a decir que aquí hay alguna ilegalidad!, ¿alguien puede decir que hay ilegalidad?.

Eso dio resultado. Nos achantamos. Un silencio bastante incómodo se hizo entre nosotros. En una oficina pequeña. Todos de pié. Nadie dijo nada. Yo me mordí la lengua. Todavía me arrepiento. Aún no había llegado el tsunami de la Reordenación ni el descomunal afloramiento de la corrupción que vivimos hoy. Ahora ya no me hubiera callado.

Como poco, y sin mayores indagaciones, se infringían nada menos que dos normas, contenidas en dos leyes: La ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La primera en lo referente a la abstención: Artículo 28.2. “Son motivos de abstención los siguientes: a) Tener interés personal en el asunto de que se trate...". La segunda en lo que se refiere a la llamada “concurrencia competitiva”: Artículo 22.1. “...la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios”. Una mirada algo más pausada y experta en Derecho que la mía sin duda podría añadir algunas normas más.

Pero, además, no hacía falta ser un experto en legislación para darse cuenta de que no puede ser admisible, ni desde el punto de vista moral, ni desde el punto de vista legal, que la misma persona que conceda las subvenciones, el Secretario General, sea un beneficiario directo o indirecto de las mismas. Y esta cuestión es inescamoteable desde el momento que aparecía, el propio Secretario General, como director de la revista a subvencionar.

Tampoco hacia falta un gran conocimiento de la legislación para advertir que no es jugar limpio, y por tanto ya debe ser contrario a Derecho, quebrar el principio de concurrencia competitiva, habida cuenta de que la actividad, al tratarse de elaborar y editar una revista “de la propia Secretaria General para el Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte” tenía garantizada su realización año tras año, independientemente de valoración alguna de criterios para la concesión o no de la subvención, como ocurría con el resto de solicitudes, de las que muchas quedaban fuera del listado de las concedidas por falta de presupuesto, como es lógico y habitual.

En cuanto a la segunda actividad para la que también se solicitaba subvención, ¿creen ustedes que se trataba de algo más limpio, más “normal”?. Pues no. Estamos hablando de la Junta de Andalucía. Brevemente diré que se solicitaba una subvención para realizar la convocatoria de una reunión de un órgano perteneciente a la propia Secretaría General para el Deporte, al igual que la revista. Creo que se llamaba "Comité Ándaluz de Disciplina Deportiva". Al parecer esta Asociación, la Asociación Profesional de Derecho Deportivo, presidida por el señor de mayor amplitud corporal de los retratados, se dedicaba a convocar esas reuniones e invitar a personalidades del mundo del deporte, para lo cual solicitaba la ayuda económica. Sin comentarios. Valgan aquí los mismos argumentos anteriormente expuestos y seguramente algunos otros que para qué mencionar.

Sobra decir que la Consejería, para la edición de la revista, debería disponer en sus presupuestos de los recursos necesarios para hacerlo, por sí misma o mediante un contrato de servicios con alguna empresa del sector, o mediante contratos de servicios con colaboradores particulares ajenos a la administración, pero nunca a través de una subvención reglada en régimen de concurrencia competitiva, quebrando así este mismo principio de concurrencia y perjudicando a alguna otra entidad, ajena a la administración, que se quedaba sin opción a la subvención. Y no digamos, respecto a la comisión o comité mencionado, que siendo un órgano de la propia administración tenga que venir a convocarlo una Asociación ajena por completo a la misma. Bueno, en realidad, y fraudulentamente, no era tan ajena a ella.

Esto pasaba y tal vez siga pasando en la Junta de Andalucía. Una más de tantas cosas que no han saltado fuera de los muros de esta administración podrida. Algo más que el tiempo se llevó, dejando sin embargo el recuerdo en algunos de nosotros y la desagradable sensación de haber sido utilizados, de ser cómplices a la fuerza de la falta de ética y honestidad de nuestros dirigentes.

Cada vez que alguno de nosotros hablábamos de que lo sucedido trascendiera fuera, que llegara a conocimiento de la Inspección, por ejemplo, alguno de los compañeros más antiguos nos desalentaban con argumentos relativos a la inutilidad de tal medida, con el añadido del más que previsible perjuicio para nuestra carrera profesional e incluso para nuestro bienestar personal, que meternos en un lío semejante supondría. Esto además era apoyado con el relato de algún caso similar o parecido que alguien había vivido o conocido con anterioridad en la Junta.

Nuestro indignado y semifrustrado motín consiguió algunas cosas: el ocultamiento del expediente en cuestión, al menos por un tiempo, el enfado de Jefes de Servicio y Coordinador, alguna tonta represalia referida al cumplimiento mas estricto de horarios y la redacción por parte del presidente de la asociación de marras de una cartita que nos hicieron llegar, en la que este buen hombre decía que el Secretario General para el Deporte era un ser inmaculado porque ejercía de director de la revista pero a “título honorífico” y no cobraba nada. Como si eso, independientemente de que fuera cierto o no, zanjara la cuestión. Fue patético. Por otra parte, e incomprensiblemente, todo se centró en el asunto de la revista. El tema de la comisión quedó como olvidado, como si no hubiera existido. Fue como si el impacto de la cuestión de la revista fuera ya de por sí tan insoportable que no quedara resquicio alguno para otro impacto más.

Cómplice a la fuerza me sentí entonces. Y ahora pienso que, en cierta manera, todos seguimos siendo cómplices a la fuerza. Rehenes de una casta política, amparada en las siglas de un partido que tal vez en otro tiempo pudo mirarse en el espejo de la historia sin sonrojarse. Todos los que trabajamos en la Junta somos peones, en mayor o menor medida, de un juego en el que se mezcla y confunde, con demasiada frecuencia, la gestión limpia de los asuntos públicos con la gestión de intereses de partido, o incluso personales. Cómplices, a la vez que víctimas, de un secuestro. El de una administración por un partido político. La diferencia estriba simplemente en sentirse cómodo con esa complicidad o no, en “colaborar” o no.

SÍ HUBO PLAN

Siento contradecirle señor Griñán. No sólo hubo un gran fraude, también un gran plan. Se lo voy a explicar señor Griñán, aunque usted lo sabe mejor que yo, y aunque, además, es a usted y no a mí a quién corresponde dar explicaciones. Pero antes, vamos a hacer un ejercicio de ingenuidad tontuna y vamos a tomar, provisionalmente, por buena su afirmación. Es decir, vamos, como le digo provisionalmente, a quedarnos con eso del gran fraude sin plan.

¿Y bien, señor Griñán?. ¿Cuándo ha pedido usted perdón a los andaluces, ya puestos también a los españoles y a los europeos, porque algunos de los miembros de su gobierno o de su administración, hayan dilapidado dineros europeos, españoles y andaluces?. Por ese “gran fraude” como usted mismo lo califica, aunque fuera sin plan preconcebido. Usted ha sido Presidente. Ha estado al mando de la nave. Y antes de serlo ha sido Consejero de Hacienda. Por usted pasaba el dinero que se gastaba en la Junta de Andalucía. ¿Dónde estaba su responsabilidad por la gestión de los que estaban debajo de usted?. Usted, señor Griñán, como la Infanta, no se enteraba de nada. Eso lo dice usted con total naturalidad. Con la misma naturalidad con la que el resto de los andaluces “no se enteran” de lo que pasa en la administración que sufragan. Pero hombre, al resto de los andaluces, mejor dicho, a la mayoría del resto de los andaluces, les pillaba todo ese tejemaneje del “gran fraude” un poco lejos y como a trasmano, pero a usted, oiga usted estaba en todo el cogollo, vamos delante de sus narices.

En fin, aparte de todos los argumentos que podrían traerse ahora a colación, sobre la cantidad de oportunidades que usted habría desaprovechado para enterarse de lo que pasaba a su alrededor, entre ellas los informes de su propia Intervención, o, como se ha sabido recientemente, de sus propios letrados del Gabinete Jurídico de la Junta, me gustaría referirle una, que creo se menciona poco: el ruido que hicimos muchos funcionarios desde octubre de 2010 a cuenta de la nefasta administración paralela y del cínico afianzamiento de la misma que el Gobierno que usted presidía realizó con los decretos 5/2010 y 6/2010 ( con la inestimable complicidad de UGT y de CCOO) y la posterior aprobación (con la inestimable complicidad astencionista de IU) de la ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público (eufemismo de la más certeramente denominada “Ley del Enchufismo”). Lo intentamos todo, señor Griñán. Salimos cuarenta mil personas (funcionarios y empleados públicos) a la calle en una manifestación en la que protestábamos por la huida del Derecho Administrativo que su gobierno estaba propiciando (le recuerdo que esto es lo que está en el núcleo de los ERE, de ese su “gran fraude sin plan”). Entre la infinidad de actos y movilizaciones que realizamos no faltó, al principio, el intento de que su Consejera de Hacienda y Administración Pública, Dña. Carmen Martínez Aguayo, (también imputada) nos recibiera para explicarnos lo que estaba ocurriendo en esa operación de empoderamiento de las agencias de la administración paralela en detrimento de las consejerías de la Administración General, del Derecho Laboral en menoscabo del Derecho Administrativo y del personal laboral sin oposiciones ni concurso de méritos en claro agravio al personal funcionario y laboral de la Junta de Andalucía.

La callada por respuesta. Evidentemente. Ni su Consejera ni usted quisieron saber nada de nosotros. Es decir, el personal que sustentaba la administración que usted dirigía no era digno de ser oído por usted. Tal vez, señor Griñán, si hubiera tenido un mínimo de sensibilidad hacia aquellos que verdaderamente sostienen y dan vida a diario a la administración que usted dirigía, tal vez entonces, señor Griñán, se hubiera usted enterado de lo que pasaba alrededor y hubiera tenido la oportunidad de parar la maquinaria de los ERE. Sin embargo no fue así.

Los ERE son un caso paradigmático de los desmanes de la administración paralela, que fue invento de sus predecesores pero que usted continuó impulsando y afianzando, dotándola de una pseudolegalidad, aún pendiente de decisión de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional.

Y este es el plan, señor Griñán. Disponer desde la cúpula de una administración la existencia y desarrollo de otra administración, instrumental, regida en su funcionamiento predominantemente por el derecho privado, por tanto con una evidente falta de control (principalmente la fiscalización previa de los gastos) en comparación con los procedimientos regidos por el Derecho Administrativo, para realizar aquello que debería realizar la Administración General. ¿Porqué deciden sus antecesores y usted llevar la gestión de los asuntos públicos a una entidad con menos controles sobre los fondos públicos?. Esos controles son la garantía que las leyes y normas administrativas disponen para el correcto uso de los bienes de los ciudadanos. Quien no respete esto está incurriendo en una ilegalidad. ¿Porqué, señor Griñán, decidió usted secundar a sus antecesores llevando los asuntos públicos a esas entidades, sacando del cauce normal de la administración asuntos sensibles como la concesión de subvenciones o ayudas públicas?. Ese “fraude” no se hubiera producido si previamente no existiera la decisión política de que esas entidades paralelas, con escaso o nulo control, concedieran subvenciones y ayudas.

¿Dónde situaría usted el problema señor Griñán?. ¿En el hecho de que algunos aprovechados se beneficiaran mafiosamente de esos fondos para parados, o en ese otro hecho de que existiera una política, contraria al Derecho Administrativo, basada en decisiones políticas suyas y de sus antecesores, que atribuyó a esas entidades sin control potestades que no tenían por qué tener?. ¿Para qué desviar la gestión de los cauces legales?. No me diga que es por agilidad. Sería tanto como decir que sería correcto sacrificar la legalidad en aras de la agilidad. ¿Es esto posible, señor Griñán?.

Ese su “gran fraude” no ha salido como las setas en el campo. Por el contrario, es el inevitable resultado de diseñar y ejecutar una política ajena a los controles. Es producto del plan de su partido, ejecutado por usted desde su puesto de Consejero de Hacienda y por el Gobierno que usted presidió después, y lo que es peor, por el Gobierno que continuó presidiendo su pupila y que ahora preside en funciones.

Todo plan tiene, señor Griñán, dos componentes: un determinado diseño y un objetivo o finalidad. En los párrafos que anteceden se ha descrito más o menos el diseño. Ahora bien, ¿para qué ese diseño de una doble administración?. Con qué objetivo se hace todo eso. Si uno lleva la contabilidad de una empresa y decide hacer una contabilidad doble o “B”, será por algo.

¿Cual es el objetivo, señor Griñán, de la administración paralela? ¿Porqué se decide que sea el IFA, luego IDEA, la que conceda subvenciones y no la Consejería? ¿Porqué se utilizan las transferencias de financiación en aquello para lo que no estaban previstas?. ¿Qué hay, señor Griñán, al final de esta manera de proceder?. ¿Clientelismo político?. Todo apunta en ese sentido, ¿no le parece?. Si no ¿para qué arriesgarse cruzando la linea de la legalidad, si no fuera porque ese riesgo se compensa con los votos?

Hoy más de lo mismo, señor Griñán, le toca declarar a su antecesor, ese que fue al mismo colegio que la Infanta y que usted. No esperamos nada nuevo. Pero sí, siento contradecirle señor Griñán, no sólo hubo fraude sino que hubo plan y usted participó en él. De modo que deje de hacerse la víctima porque ese papel, desgraciadamente, no le corresponde a usted.

EL MÁS DIFÍCIL TODAVÍA

CARTA ABIERTA A LOS "COLABORADORES DE LA JUNTA"

Es el cuento de nunca acabar. Cuando aún no nos habíamos repuesto de la bomba de la grabación "Sabalete", ¡si no colaboras vete!, ahora golpea con saña nuestra ya maltratada conciencia la onda expansiva de otra bomba, con forma de carta esta vez, con membrete y sello de la Junta, firmada por la Delegada de Educación, Cultura y Deporte de Córdoba. ¡Educación!, ¡Cultura!. Ahí está la carta de marras:

http://cordopolis.es/2015/03/26/agradecimiento-con-sello-de-la-junta-por-la-victoria-del-psoe/

Tampoco tiene desperdicio ni requiere demasiados comentarios. Otro ejemplo más de la patrimonialización obscena que el PSOE hace de la Administración Pública, de esa Junta de Andalucía que es de los andaluces y no de los sociolistos/socialistas, por más elecciones que ganen con el voto cautivo de miles y miles de estómagos agradecidos.

¡Ojo, que esto es lo que sigue pasando en este momento, con el PSOE de Susana!. Que esto es de ahora mismo, de las elecciones que acaban de pasar. Que no es cosa del pasado. Esa identificación, ya tan asumida y como naturalizada, entre PSOE y Junta de Andalucía, el gran Cortijo de los Borbolla, los Chaves, los Griñan, las Susanas, Sabeletes y toda una interminable retahila de hijos bastardos de Pablo Iglesias (no el de ahora). Bastardos porque han degenerado de su origen, olvidándose de principios, como la honradez.

Pero hay que decirles a estos caraduras que la Junta es la Administración Pública de Andalucía y no el Cortijo del PSOE, que una cosa es el partido y otra la Junta de Andalucía, una cosa el Gobierno y otra la Administración. Por eso aquí ya no caben "los paños calientes" del Consejero, ya sin miramiento alguno hay que decir ¡que no!, que esta gentuza tiene que salir de la Administración. Por ello desde esta humilde página se invita a todo el mundo a votar la iniciativa del enlace:

http://www.hazteoir.org/alerta/64595-segunda-vuelta-andalucia-no-investidura-susana-diaz

Cerca ya de 40 años sin alternancia política en Andalucía. Y lo más chocante es que si se tratara de la California del sur de Europa tendría un pase, pero joder si tenemos más paro que en ningún otro sitio de Europa, si nuestra renta per cápita está entre las más bajas, si...en fin, da fatiga repetirse, ¡vamos que esto no es jauja!. Lo que ocurre es que, al mismo tiempo, se trata de una sociedad con amplios sectores "comprados" por el partido gobernante, que ha tenido tiempo de contruir una red clientelar y patrimonializar la administración como hace cualquier régimen totalitario que extiende sus tentáculos por todos los rincones del territorio que en mala hora le tocó gobernar.

Pero ya está uno cansado de repetir las mismas cosas y denunciar una y otra vez lo mismo, así es que basta ya. Ahora, quisiera hacer lo más dificil, un verdadero salto mortal: dirigirme a todos los andaluces que "deben algo al partido socialista", que cada cual lo entienda como quiera. Si, ya sé que se trata de un ejercicio de osadía y de ingenuidad incomparables. Dirigirme, en ellos, a esa porción de honestidad que seguro tienen, tal vez enterrada bajo paletadas de conformismo, de somnífero agradecimiento o de frio cinismo, apelar a su sentido ético y animarles a que antepongan ese sentido último de dignidad personal, ese último reducto de insobornabilidad y que, elevándose sobre sí mismos, digan: "Qué coño, aunque me perjudique voy a despreciar la mano que a cambio de llenar mi estómago envenena mi espíritu y ensucia mi dignidad, voy a dejar de apoyar, de votar, de confiar o de trabajar haciendole el juego al PSOE de Andalucía, por lo menos hasta que deje de ser el partido que ha vendido sus esencias por un puñado de votos en el mercado del poder".

Hoy, el palo en la rueda de Andalucía, son precisamente esos ciudadanos referidos en el párrafo anterior, esos "colaboradores", sin los cuales el PSOE no sería nada. Que sepáis, queridos colaboradores, cómplices imprescindibles, que estamos donde estamos "gracias" a vosotros, pero yo, al contrario de la Delegada de Cultura de Córdoba, lo que os agradecería es que rechazárais el veneno de ese agradecimiento y pensárais que de vuestra decisión depende el futuro de toda una Comunidad Autónoma. La pelota está en vuestro tejado, desgraciadamente ya para las próximas elecciones, aunque quien sabe, el panorama está muy inestable y tal vez tengáis más pronto que tarde una nueva oportunidad de mostrar que aún os queda un resto de ...bueno ya sabéis.

¿Seréis capaces?. Esta vez no sería una delegada de la Junta sino la mayor parte de Andalucía la que os lo agradecería.

Un cordial saludo y un anticipado agradecimiento de

Fdo.: La mayor parte de Andalucía

LA ADMINISTRACIÓN PARALELA EN ESTADO PURO

La grabación difundida en estos días descubre las entrañas de la llamada Administración Paralela de la Junta de Andalucía. En ese audio se puede oir cómo una alto cargo de la Junta (Delegada de la Consejería de Empleo de Jaén), detenida recientemente, junto a otros 15 sociolistos, entre altos cargos y exaltos cargos, les dice a un grupo de directores de las UTEDLT (Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico) que tienen que hacer “campaña electoral” por el PSOE ( se refiere a la elecciones de 2012 en Andalucía), que del triunfo de este partido depende la continuidad en sus puestos, así como la del resto del personal de los ALPES (Agentes Locales de Promoción de Empleo) y de los Consorcios, que se olviden de la gestión y salgan a la calle como si fueran “Testigos de Gehová”.

Puedes oirlo, si no lo has hecho ya, en : https://www.youtube.com/watch?v=mhZ6NODIp2I

El audio en cuestión no tiene desperdicio y escuchándolo sobran las palabras. Sin embargo sí habría que decir un par de cosas:

1. No estamos ante la iniciativa particular de una forofa sociolista, hija, además, de un alcalde socialista. ¡Ya estamos con la familia, como no!. Casualidades tiene la política... Esta hija de cargo socialista está transmitiendo instrucciones recibidas del mismísimo Consejero. Y es presumible que éste, a su vez, del Consejo de Gobierno, con su presidente (Griñan en ese momento) a la cabeza.
2. Tampoco estamos ante un hecho aislado. Da náuseas imaginar cuantas veces se habrá repetido el mismo, o parecido hecho, en cualquiera de las muchas dependencias de los muchos entes que forman esa administración, la paralela, gestada para mantener en el poder, manejando los dineros andaluces, españoles y europeos, a la casta sociolista. Cuántas veces, con cuánta gente y en cuántos asuntos habrá sucedido un episodio caracterizado en última instancia por el más descarnado chantaje: Colabora con nosotros o mañana no estarás aquí.

Pues esto es, señores, la administración paralela, esa que venimos denunciando un puñado de funcionarios, un puñado de predicadores del desierto, desde hace años. Aquí está en su cruda realidad, en su más prístina esencia: “Entiendo que sois leales al Gobierno...”. ¿Leales al Gobierno?. Perdona querida Sabalete, y perdónenme todos y todas los/las Sabaletes que hay en la Junta, te voy a hablar de algo de lo que tú no tienes ni pajolera idea: la lealtad de cualquier empleado será con aquel que le paga y, en este caso, tanto a tí como a tus subordinados les pagamos todos los andaluces. Todos. Por tanto la lealtad debería ser con los ciudadanos, no con el Gobierno. El problema es que tú, como toda una legión de altos cargos de tu partido, asumes que estás a sueldo de un partido y de un gobierno, y claro, consecuentemente, tus trabajadores también, por eso son “colaboradores”. Pero resulta que los trabajadores en una administración, perdón, en una administración decente, no estoy hablando de la Junta claro, no son, no pueden ser, no deben ser, “colaboradores”. Antes de meteros en la administración, queridos Sabaletes de la Junta, no deberíais haber seguido los consejos de papá Sabalete, sino los dictados de la honradez y la decencia, y una hojeadita a la Constitución, de la que sin duda tenéis alguna noticia por la televisión, esa que los que nos hemos ganado el derecho a estar en la Administración hemos tenido que conocer muy bien.

En fin. El panorama es el que es. Lo importante no es el episodio en sí mismo, con ser de por sí vergonzoso e indignante. Lo importante es lo que denota. Denota una manera de actuar, toda una forma de gestionar y sobre todo una concepción de lo que es, de lo que puede ser, una administración pública. Denota porqué el PSOE ha construido a lo largo de los años otra administración, su propia administración, con personal “colaborador” contratado a dedo, atado por tanto a seguir colaborando. Así se entiende perfectamente el desdén hacia el funcionariado, al que ningún Sabalete puede amenazar con no estar trabajando el día siguiente de unas elecciones. Así se entiende que suponga un obstáculo el carácter de permanencia que tiene la condición de funcionario, frente a la condición de “colaborador necesario” que tienen los trabajadores de todas la agencias, empresas, consorcios, y chiringuitos varios que conforman esa otra administración creada para ganar elecciones y seguir en el poder. Así se entiende el poco interés que se toman los altos cargos de la Junta en construir una administración profesionalizada, en la que los puestos de trabajo estén en relación con los méritos profesionales y en valorizar la actividad del funcionariado, en vez de ningunearle externalizando servicios. Así se entiende porqué se abusa desmesuradamente de los puestos de libre designación. Así se entiende que no exista en la Junta una adecuada organización y distribución del trabajo. Así se entienden muchas cosas...y también que al PSOE la administración, y los ciudadanos que la sustentan, le importan un bledo. Lo único que le importa es ganar las siguientes elecciones.

Actualmente esa otra administración tiene mas o menos el mismo personal que la “oficial”, la de las consejerías y delegaciones territoriales. Y en cuanto a la gestión, continúa imparable el proceso de traspaso de competencias y potestades desde la Administración General a los entes de la administración paralela. ¿Por qué será?

La historia de la tal Sabalete no termina con su detención y con esta grabación. Continúa hoy mismo, día a día, en todas las consejerías de la Junta de Andalucía, que sigue manteniendo unos entes y unos trabajadores que no están para servir a los ciudadanos sino al partido del Gobierno.

ANDALUCÍA SOY YO

En Francia, un capullo llamado Luis XIV dijo aquello de El Estado soy yo, expresión máxima de lo que se conoce como “absolutismo político”. Aquí en Andalucía, como no nos privamos de nada, tenemos a Susana que encarna, ella solita, a toda Andalucía. ¡Toma ya!. La niña de Triana convierte la inconsciente, irracional e interesada identificación secular del PSOE con Andalucía, que el tonto pueblo le ha brindado elecciones tras elecciones con la papeletita en la urna, en la estrategia principal a utilizar en la campaña actual. O tal vez haya convertido la estrategia de la patrimonialización de Andalucía en sustancia ingenua e inconscientemente creida, apareciendo como sin querer, a la manera de los actos fallidos freudianos.

De una u otra manera es descaradísima la identificación que hace el PSOE , a través de su presidenta-candidata, de su partido y de su gobierno con Andalucía. Hasta el punto de que cuando algún oponente político critica a éstos, la niña no tenga el más mínimo pudor en salirle al paso diciendo que a ella le podrán decir lo que quieran pero a Andalucía no, ni mijita, a Andalucía me la deja usted tranquila oiga, que no estoy dispuesta a consentir que se manche el nombre de Andalucía. ¿?.

La estrategia de Susana esta demasiado clara: convertir la campaña a la elecciones andaluzas en una confrontación entre Andalucía y el Estado. De un lado está el PP de Rajoy, representado por Moreno Bonilla, y de otro Andalucía, representado por la madrina de todos los andaluces. De un lado el Estado y Rajoy, el PP y la derechona corrupta, los que nos han recortado, los que no dejan crecer a Andalucía. De otro la región que está enfrentándose al malvado Estado de Derechas, la que hace las cosas “de otra manera”, etc..Bueno también hay otros actores en la contienda electoral, pero esos no cuentan ahora. Contarán luego, después de las elecciones.

Me temo que esta estrategia le va a volver a funcionar al PSOE. La gente con pocas luces se va a tragar eso. La idea de que a la hora de la verdad quien mejor defiende los intereses de Andalucía es...su partido de siempre. Los de toda la vida. De toda la vida posterior a Franco, claro. ¿Que hay problemas de corrupción?. Bueno, pues siempre será mejor que el ladrón sea conocido, vamos que sea “nuestro ladrón”, ¡oiga yo prefiero que me roben los mismos!, no vaya a ser que lleguen otros nuevos con unas ganas tremendas de hacerlo...

Es repugnante la manipulación a la que se somete al personal. El otro día, en el debate en RTVE, una Susana cortante interrumpía a Moreno Bonilla diciéndole que estaba mintiendo. Mintiendo sobre unos datos, unas cifras. Sin embargo, más allá de la exactitud de los datos y la cifras la auténtica mentira es la de ofrecerse como la encarnación de Andalucía, la de inocular en la mente de la gente (en general poco informada) la ecuación PSOE=Andalucía, o mejor Susana=Andalucía.

Estirando un poco esa idea de la cínica identificación o patrimonialización, tal vez se pueda aventurar una respuesta a la pregunta, al misterio, de cómo es posible que la gente siga perdonando al PSOE tanta corrupción, que ya en las últimas elecciones había saltado a la palestra como nunca antes, y sin embargo...Y ahora, al parecer, va a pasar tres cuartos de lo mismo. Tal vez el misterio esté encerrado en esa misma estrategia de identificación, pues llevada ésta al máximo de su posibilidad nos encontraríamos con la siguiente inquietante idea: los socialistas son “los nuestros”, ¿que hay ovejas negras entre nosotros?, igual que en todas partes, pero lo de “los otros” sí que es robar, es peor, siempre peor. De modo que si perdonamos las cosillas de los nuestros, perdonamos a Andalucía y, por tanto, nos perdonamos a nosotros mismos.

Vale, que esto es apartarse del reglado y luminoso camino de la lógica y entrar en el oscuro, confuso, apresurado e irracional camino del pensamiento paralógico e inconsciente. Si. Pero ¿a cual de los dos tipos de pensamientos responde mayoritariamente el llamado “Pueblo Andaluz”?.

No quedan calificativos. Bueno si: Hartible.