EREse una vez...

LA FALSA EXCUSA DEL PARLAMENTO

Y dale con lo del Parlamento. En cuestión de pocos días he oído en varias ocasiones eso de que la jueza Alaya se está equivocando soberanamente porque está pretendiendo juzgar un asunto que ha pasado, con el visto bueno correspondiente, por el Parlamento andaluz, a través de las leyes de Presupuestos de varios años, de lo cual se derivarían dos cosas: Que la jueza, incomprensiblemente, está incurriendo en terreno vedado, cuestionar una ley cuando es el Tribunal Constitucional el único que puede hacerlo, y por otro lado, que si asi fuera tendría que inculpar a todos los miembros del Parlamento y no sólo a la Maleni o al Gobierno andaluz. Craso error.

Felipe González lo decía el otro día en un programa televisivo. Y ayer mismo lo sostenían algunos periodístas en otro programa. Pero uno y otros, pecan de desconocimiento, contentémonos por ahora con decir que se trata de ignorancia, quizás mas interesada en unos casos que en otros, y no de cinismo puro y duro. Por supuesto, no es la primera vez que lo oigo, también se lo he oído decir a personas mas cercanas, dando por supuesto que han asumido, de buena fe, la postura “oficial” del partido que gobierna en Andalucía.

Para éstos últimos, y para aquellos que sencillamente no saben un pimiento del tema y se tienen que conformar con lo grueso de las noticias de los medios de comunicación, escribo estas lineas, esperando aportar alguna cosilla para contrarrestar ese mensaje oficial falso e interesado.

Una cosa son las transferencias de financiación y otra las ayudas sociolaborales para los ERE. Las primeras son trasvases de fondos desde las Consejerías a sus entidades instrumentales adscritas (agencias, empresas, consorcios, etc..), las segundas son subvenciones o ayudas públicas a empresas privadas, ajenas a la Administración.

Ahora habría que introducir dos palabritas, que son claves para entender el asunto, la palabra “fiscalización” y la palabra “previa”. La unión de ambas nos define lo que se debe hacer cuando una Administración Pública, a la que se le ha confiado el manejo del dinero de todos los contribuyentes, de todos nosotros, decide conceder parte de ese dinero, aportado por todos, a Fulanito o a Menganito; y lo que debe hacer esa Administración, gobernada en un momento histórico concreto por un partido y unas personas concretas, es justificar rigurosamente que Fulanito o Menganito “merecen”, además con preferencia a Sutanito, recibir parte del dinero de todos. ¿Quienes son Fulanito o Menganito?, ¿Porqué ellos y no Sutanito? ¿Para qué se les concede la ayuda? ¿ El órgano administrativo que se las concede es realmente competente para ello?, ¿Que límites marca la ley para esas ayudas?, etc... y todo ello antes, si antes, de que se le llegue a entregar un sólo y mísero euro a Fulanito o a Menganito. Si después de comprobar que reúnen todos esos requisitos se les concede la subvención o ayuda, estupendo, se ha actuado correctamente conforme a Derecho.

La normativa sobre subvenciones, estatal y andaluza, imponen la utilización de este mecanismo previo de fiscalización para todas las salidas de fondos públicos cuyo objeto sea una subvención o ayuda pública. No ocurre lo mismo para las llamadas transferencias de financiación, en las que no se requiere dicho requisito. Justo hasta ahora, ya que el gobierno andaluz ha considerado conveniente introducir mas rigor en ellas, a la vista de la que está cayendo, aprobando muy recientemente una Orden al efecto. Hasta este momento, conviene insistir en ello, hasta este momento, las transferencias de financiación, al contrario de las subvenciones, se concedían sin fiscalización previa, solo era necesario justificar que existía crédito suficiente en los presupuestos para realizar esa transferencia.

Lo que sin duda pasó por el Parlamento, para que lo vieran sus señorías, eran esas transferencias de financiación, desde la Consejería hacia la entidad, primero llamada IFA, después IDEA, pero no las subvenciones o ayudas sociolaborales de los ERE en las que terminarían esos fondos. Esto es lo que no dicen, por desconocimiento o por...cada cual sabrá, ni Felipe González ni los demás. Por eso no se puede decir, y quedarse tan tranquilo, que sus señorías dieron el visto bueno a las salidas de fondos que fueron a parar a los ERE. Y ello porque las transferencias de financiación no se pueden, repito no se pueden, utilizar para subvencionar a particulares. ¿Porqué?, pues porque la figura de las transferencias de financiación sirven para financiar la actividad general o global de la entidad pública a la que se la concede, para cubrir sus desequilibrios de ingresos y gastos, pero no para que esta entidad le dé un destino específico como es una subvención o ayuda pública concreta, que requiere, como hemos dicho antes, de fiscalización previa, cosa inexistente en las entidades públicas de la llamada administración paralela. Al estar exentas de control previo, esas transferencias de financiación no pueden ser utilizadas para algo que sí requiere este control, como son las ayudas sociolaborales. Pero esto fue precisamente lo que se hizo, utilizar, desde el núcleo de la Administración, una Consejería, un mecanismo con “control débil”, las transferencias de financiación, para justificar una salida de fondos públicos que requieren un mecanismo de “control fuerte”, como son las subvenciones o ayudas sociolaborales.

El resultado es que se produjo durante un puñado de años una sangría de fondos públicos sin control, repito, sin control, lo cual no es sólo una inmoralidad sino también una ilegalidad. El dinero para IFA o IDEA se aprobaba en los presupuestos año tras año, faltaría más, ( apariencia de legalidad), ¿pero sabían los parlamentarios el destino último de ese dinero?. Es más, apurando aún más las cosas, es que aún en el supuesto de que lo supieran lo que no tenían porqué saber es que finalmente esas ayudas se iban a conceder sin los controles debidos. Es el ejecutivo el que no puede ignorar esos controles.

Por si esto fuera poco, año tras año, ese mismo fondo, el llamado “fondo de reptiles”, existente en IFA o IDEA, surtido con esas transferencias desde la Consejería de Empleo, se fue incrementando mas allá de lo aprobado en los Presupuestos, mediante modificaciones de crédito operadas desde la Consejería de Economía (Maleni), inflando aquel en la misma proporción en que eran concedidas las ayudas.

El hecho de que se terminara metiendo en los ERE a gente que trabajaban en empresas desde su mas tierna infancia, o a la suegra de algún cargo, o que se cobraran comisiones excesivas por cuatro aprovechados supuestamente de izquierdas y cosas por el estilo no es más que la espuma forclórica e intrascendente de esta historia. Lo trascendente es lo siguiente:

1. Se estaban concediendo subvenciones a empresas y particulares sin control.
2. Alguien estaba concediendo esas ayudas. No lo hacía quien constitucionalmente debía hacerlo: la Consejería de Empleo directamente, con los controles legales pertinentes, sino una empresa, pública pero empresa, no revestida de la potestad que sólo tiene la Administración Pública, ni sujeta a los controles de ésta.
3. Alguien, desde las altas instancias de las Consejerías y del Gobierno en Andalucía, decidió quién iba a conceder esas ayudas y a través de qué mecanismo.

Y ahora cabe preguntar: ¿Porqué no se tramitaron las ayudas desde la Consejería de Empleo, con los controles pertinentes? ¿Porqué desviar la tramitación hacia una entidad, la empresa pública, que curiosamente no tiene entre sus obligaciones estatutarias la de fiscalizar previamente sus entregas de fondos públicos? ¿Quién ideó esta manera de proceder? ¿Porqué? ¿Para qué?. ¿Qué propósito tiene jugar de manera tan desconsiderada con el dinero (esfuerzo) de todos, poniéndolo en peligro de malversación?. Esta serán las preguntas a las que la jueza Alaya estará intentando responder para bien de todos nosotros.

Y no se puede justificar esta manera de proceder, como hacen algunos, con el flojo argumento de que responde al deseo de evitar burocracias. Flaco favor haremos a la ciudadanía si con la excusa de desburocratizar la Administración creamos las condiciones para que se malverse el dinero público. ¿Desburocratizar es doblar la administración, crear una estructura paralela, para hacer lo que se debería hacer desde aquella, sólo que con menos control?, ¿no es, por el contrario, una mayor inseguridad jurídica lo que se consigue con esa pretendida desburocratización?.

Esto no sólo ha ocurrido en el caso de los ERE, desgraciadamente es lo que está ocurriendo de manera general y sistematizada en toda, repito en toda, la Junta de Andalucía. Se está sustituyendo la administración pública y el derecho administrativo por la gestión privada y el derecho privado. Los que mandan en la Administración desde hace ya tanto tiempo, esos que se han creído que la Junta es su cortijo, han tenido demasiado tiempo para diseñar las cosas de tal manera que prevalezca su voluntad personal, gremial y partidista, sobre la voluntad impersonal de la ley, porque el poder es mas poder si no tiene nada por encima, ni siquiera la Ley.

La jueza Alaya está hurgando justamente en las entrañas de un Régimen acostumbrado a la intocabilidad, a abierto una herida en el corazón mismo de la impostura de un partido que ha dilapidado sus ideales de honestidad con la misma alevosía con la que ha dilapidado el dinero de todos. Lo siento mucho por los simpatizantes, pero a Maleni la han pillado con el carrito del helado. A Maleni y a otros muchos. Que apechugen.