EREse una vez...

LEGALIGAD Y EFICACIA: LA FALSA DISPUTA

No es verdad que una administración pública respetuosa de la legalidad tenga por fuerza que ser ineficaz. Este es un argumento interesado que aparece de forma mas o menos velada desde hace ya algunos años. Existen muchas personas interesadas en divulgar esta idea en nuestro país y, como no, también en Andalucía. Y que decir de esa especie de perversa seducción que el mundo de la gestión privada ejerce en gran parte de los dirigentes de la Administración, y como no, de la Administración en Andalucía. Porque ese es el trasfondo de la falsa disputa legalidad-eficacia.

La derecha neoliberal ya sabemos que está por la labor de privatizar, de llevar a su terreno, al del mundo de la empresa, parcelas de lo público, porque encuentra en "lo público" oportunidades de negocio para sus sustentadores principales y/o votantes.... Esto está en la linea de los planteamientos sociopoliticos y económicos del liberalismo o neoliberalismo, pero lo que resulta más chocante es que desde la izquierda se secunde este tipo de planteamientos.

El PSOE de Andalucía ha venido implícita y explícitamente desarrollando este planteamiento desde los inicios de la Autonomía. A estas alturas ha logrado crear una administración paralela que supone una concesión al mundo de la gestión privada. En particular al entorno amigo y clientelar de la gestión privada. La privatización practicada por el PSOE en Andalucía es mas perversa que la practicada por gobiernos de derecha como el actual del PP. La derecha privatiza o intenta privatizar servicios públicos, cierto. Vende o intenta vender instituciones prestadoras de servicios públicos. Su privatización es pura y dura. Pasa a manos privadas la titularidad de determinado servicio y con ello, por supuesto, la gestión del mismo. Mal, muy mal. La izquierda, en Andalucia, PSOE e IU, critican ( con toda la razón) esa privatización pretendida por la derecha. Sin embargo la izquierda que acusa a la derecha de privatizar, privatiza mientras tanto la gestión de los servicios públicos. Y no de un servicio cualquiera, como barrer calles, sino de servicios como la contratación de infraestructuras y equipos educativos de utilización pública o las inspecciones medioambientales, por citar sólo dos ejemplos. Se podrá decir, sí pero ese servicio sigue siendo de titularidad pública. Y entonces habría que pensar si no es más perverso esto último, pues hace que una institución pública se administre como una privada, con el dinero de todos. Al fin y al cabo en la otra privatización, la de la titularidad, hablamos de dinero privado, tanto en lo que se refiere a las ganancias como a las pérdidas, mientras que en el otro caso en realidad hablamos de un seudoempresario (la clase dirigente—partido) que reinvierte en sí mismo las ganancias pero socializa las pérdidas. De esto último sabemos algo los funcionarios andaluces. Me parece mas indecente convertirse en empresario con dinero de todos. Y esto es precisamente lo que se ha venido haciendo aquí.

Es patético el acercamiento de los que mandan en nuestra administración al mundo de la gestión privada. Hace pocos años comenzaron a ponerse de moda dentro del ámbito de la administración de la Junta los cursos sobre "calidad". Yo fui a uno de ellos. Vi cómo el personal que impartía los cursos, personal de la administración, hablaba con vergonzosa admiración de un ejecutivo procedente de la empresa privada que había sido "fichado" por la administración, y nos había beneficiado a todos trayendonos la bienaventurada nueva de la calidad y de la gestión por procesos. Al final todo se reducía a reducir, valga la redundancia, los tiempos y plazos de los procedimientos. En ese mismo curso nos pusieron un video en el que salía Obama con su famoso "Podemos". Nos dijeron que los ciudadanos eran clientes ( se me ocurrió objetar que eran unos clientes muy particulares ya que no podían acudir a la competencia si no estaban satisfechos con el servicio prestado por la administración y me respondió uno de estos nuevos conversos a lo privado que nada de eso, que para eso estaban las agencias..¿?).Pero lo mejor de todo fueron dos palabritas-mantras procedentes también del mundo privado: MISIÓN Y VISIÓN. A que suena como a religioso. Estos son dos conceptos-chorradas del tan anhelado, por nuestros papanatas políticos y político-gestores, mundo de la empresa privada. Ahora toda organización debe tener una misión y una visión. Y como no, estos lumbreras que dirigen nuestra pobre Junta de Andalucía, han descubierto que también ésta debe tener su misión y su visión. Como si éstas no estuvieran ya mas que establecidas en la Constitución y en el Derecho Administrativo.

La cuestión es que la "misión" de los dirigentes de nuestra administración es engañarnos a todos con la supuesta falta de eficacia y agilidad de la Administración pública. De esta manera, la creación de una administración paralela que duplica órganos y recursos y que produce el vaciamiento de funciones y la desfuncionarización de los puestos de trabajo en la administración general, que prescinde del derecho administrativo, y por tanto de todo un sistema de control en el manejo de los asuntos y del dinero público, se justifica esgrimiendo el fantasma de la burocracia, lenta e ineficaz, de la administración tradicional. Se sacrifica la legalidad por la eficacia. Peor aún, la legalidad por una falsa eficacia. Pues si nunca estaría justificado, en un Estado de derecho, el sacrificio de la legalidad en aras de la eficacia o de la agilidad, menos todavía cuando esa eficacia o agilidad no son tales. ¿Se ha hecho algún análisis, evaluación o estudio serio que haya valorado positivamente esa supuesta eficacia de la administración instrumental de la Junta de Andalucía?. Para lo que sin duda no hace falta ningún estudio es para concluir que ha sido muy eficaz para una innumerable legión de corruptos.

Es justamente desde el ámbito del propio Derecho Administrativo desde el que se han hecho esfuerzos por dotar de eficacia y agilidad a la Administración tradicional en un intento de superar, sin prescindir de la legalidad, los defectos de la denostada burocracia. Leyes como la 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, supusieron incidir claramente sobre ello. Si a esto unimos la realidad de la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en las administraciones, el ideal de conciliar legalidad y agilidad no parecería tan lejano como nos quiere hacer pensar la interesada clase política. Los que trabajamos en la administración sabemos que a los políticos que dirigen la Junta de Andalucía no les interesa la eficacia ni la agilidad, para ellos lo eficaz y ágil es saltarse la legalidad ( los controles administrativos, fiscalizadores) para poder operar al margen del interés general, pues para ellos éste no es otro que el interés particular y partidista de su linea política, sindical y social.

Ellos sí han aprendido la lección de la eficacia y la agilidad, pero no para prestar un mejor servicio a los ciudadanos, sino para crear una administración a imagen y semejanza de sus auténticas intenciones e intereses. Una administración sistémicamente corrupta porque pervierte la esencia de su "misión", que está claramente definida en la Constitución : servir con objetividad e imparcialidad los intereses generales; para lo que no hace falta encontrar ni perseguir ninguna "visión". Simplemente basta con "ver" la Constitución. O quizás atenerse a la recomendación de San Agustín en sus Confesiones: "Pero consultada la justicia, pensó mejor su decisión y juzgó más útil la equidad, que se lo prohibía, que el poder, que se lo permitía."