IMPUTEICHON

Chaves, Griñan y compañía....¿Les saldrá gratis haberse pasado el derecho administrativo por el arco del triunfo?. ¿Saldrán indemnes de ese desprecio chulesco hacia las leyes, hasta el punto de haber propiciado la manufactura de normas a medida, de haber retorcido la ley y el derecho para ..? Me temo que sí.

Creo que nunca en mi vida he deseado tanto equivocarme, pero creo que el Supremo terminará por no inculpar ningún delito a estos dos y a los demás. Es más, a la larga le puede beneficiar a los sociolistos el hecho de que el Supremo, tras haber investigado, no encuentre indicios de delito como para solicitar el suplicatorio y continuar así el procedimiento. Por cierto, ¿estará el TSJA esperando a lo que haga el Supremo con los peces mayores para ver que hace con los menores?.

Mi confianza en el Supremo es bastante escasa, por no decir nula, desde el momento que vino a declarar en una Sentencia sobre los recursos que interpusimos muchos funcionarios, que el personal de la fundación FAFFE (entre otros entes), eran ya, con anterioridad a su integración por subrogación empresarial ( por la cara, vamos) en la Agencia SAE, empleados públicos. ¡Empleados públicos unos empleados de un ente de Derecho Privado como era la fundación!. Sí, de un ente privado, con trabajadores privados, aunque perteneciente al sector público. No hay más que ver lo que dice la LAJA: art. 52.3.” Las sociedades mercantiles y la fundaciones del sector público tienen personalidad jurídica privada,..” y luego echarle otra miradita a dos articulitos del EBEP, por un lado el art. 8.1. en donde se define el concepto de empleados públicos: “Son empleados públicos quienes desempeñen funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.”, y luego poner esto último en relación con el art. 2.1 del mismo texto en el que se señala cuales son las Administraciones Públicas que entran en el ámbito de dicho Estatuto, no figurando en dicha descripción las entidades de derecho privado del sector público. Es decir, se trataba de trabajadores privados convertidos por arte de birlibirloque en empleados públicos.

Después de esta bestialidad, de esta patada descaradísima al Derecho, de esta vergonzosa muestra de falta de profesionalidad y de imparcialidad, de ese increible sometimiento a intereses partidistas, que cabe esperar de ese Tribunal. Poco. O nada. Repito: Ojalá me equivoque.

Por último quisiera decirle algo a los simpatizantes del PSOE: No salva la cuestión el hecho de que Chaves y Griñan no se hayan llevado un euro.., ni que eso de que crearon y engordaron una administración paralela, ajena a los controles para beneficiar a los suyos, o para crear una red clientelar sea algo que un Tribunal no pueda demostrar de manera suficiente, etc...da lo mismo. La cuestión es simple y llanamente la siguiente:

Cuando estos señores ( y otros con anterioridad y con posterioridad) se hicieron cargo del gobierno y la administración de Andalucía existía ya una Administración Pública regida por el Derecho Administrativo, con una serie de instituciones y procedimientos; instituciones y procedimientos sancionados por los máximos órganos legislativos y de representación de la soberanía popular como son los parlamentos (Estatal y Andaluz). Sin embargo ellos prefirieron crear y fomentar otra administración con otras instituciones y procedimientos distintos a los que las leyes, empezando por la Constitución, prescribían para los asuntos públicos. ¿Por qué lo hicieron?. El derecho que rige en la administraciones no es electivo. Si en vez de atenerse a él se opta por otro distinto, habrá que preguntarse por qué, para qué, etc..Pero no hay que olvidar que el hecho en sí mismo de no respetar tal derecho es, o debería ser, un delito. ¿O es que no estamos todos los ciudadanos obligados a respetar la leyes?. Todos. Incluidos, alguien diría que con más motivo, los gobernantes. Y ello al margen de quién se quede los dineros, los favores y demás, o de que haya unos cuantos o una legión de beneficiados por la fechoría.

La nítida realidad es que se han concedido subvenciones y ayudas sin control, por procedimientos y entidades distintos a los previstos previamente por leyes y reglamentos y que esto no se hubiera podido hacer sin el conocimiento y aquiescencia de los máximos responsables de esa organización llamada Junta de Andalucia.

¿Asistiremos a una nueva torsión de la lógica de la Justicia y el Derecho, o por fin veremos restablecida nuestra exigüe creencia en aquello de la Justicia igual para todos?.

HACIA LA AUTÉNTICA ADMINISTRACIÓN

Hartos estamos ya de oír la palabra corrupción y más aún de padecerla. En Andalucía, estamos en disposición de formalizar un máster en esta materia. Lo primero que hay que decir respecto de este fenómeno es que es algo que puede afectar tanto a los individuos como a las instituciones. El ejemplo más cercano de ello lo tenemos en la Junta de Andalucía, un caso de libro en lo que a administraciones corruptas se trata. Tanto que sin duda tendría un papel destacado en un hipotético manual de la corrupción. Para ilustrar lo que digo tendríamos antes que tener presente algunas características propias de las administraciones públicas en general. De cualquiera de ellas.

Por lo pronto, y sin entrar en demasiado detalle, cualquier administración pública es una entidad dual, porque en ellas conviven (es un decir) dos tipos muy distintos de estamentos o niveles. El estamento político y el propiamente funcionarial. Los políticos y los trabajadores. Dentro de estos últimos hay varias clases (la frase “divide y vencerás” parece aquí bastante oportuna). Pero todos ellos quedan muchas veces englobados desde fuera de la administración, de forma precipitada e incorrecta, con el término “funcionarios”, sobre todo cuando se trata de señalar el excesivo tamaño de aquella, desconociendo que gran parte del contingente de esos trabajadores no son precisamente funcionarios. Sin ahondar más en esto último (y habría mucho que ahondar), diremos simplemente que coexisten dos grupos claramente diferenciados: los cargos políticos y los trabajadores de la administración. Si hablamos de niveles podríamos decir: el nivel político y el nivel técnico.

Sostengo que gran parte de la corrupción existente en el seno de la administración, más allá de responder a la natural tendencia del ser humano a dejarse llevar por su lado más incívico, tiene su última razón de ser en una no adecuada separación entre estos dos niveles. Más que su razón, sería más correcto decir “su oportunidad de ser”. Y más exactamente en la invasión de un nivel frente al otro. No hace falta señalar cual es el nivel invasor y cual el invadido. Cuando esto ocurre se pervierte la esencia misma de la administración, que no es otra que servir al interés general. Y se da el caso de que aquí, en Andalucía, ha tenido que ser un partido socialista, por definición más preocupado por el bien social que por el individual, el que venga a desconocer esto último.

Esto se verá mejor con un ejemplo: El partido que cuenta con la mayoría de votos en unas elecciones (sin debatir ahora el caso del que logra esto mismo tras la elecciones, en el Parlamento, mediante pacto con otras formaciones representadas) tiene sin duda el derecho legitimo para poner en práctica su particular visión de los asuntos públicos, su programa político, para lo cual cuenta, con toda legitimidad, con la administración como instrumento para la realización de aquel. Tiene plena legitimidad para colocarse (colocar a sus cargos políticos) al frente o en la dirección de aquella, de tal manera que si decide impulsar políticas medioambientales que favorezcan la lucha contra el cambio climático, por poner un ejemplo, pondrá en marcha acciones de fomento que se concretarán en tal o cual linea de subvenciones para entidades o particulares que contribuyan a tal fin. Tiene plena legitimidad para decidir que una determinada parte de los fondos públicos se va a destinar a nutrir esas subvenciones. Decidirá que entre todos vamos a financiar esas subvenciones y vamos a dejar de fomentar otro tipo de políticas, y lo hará con plena legitimidad. Otro tanto podría decirse en materia de contrataciones o en cualquier otra actividad pública. Ahora bien, una vez que se ha tomado esa decisión, todo lo que viene después, debe quedar ajeno a la influencia de quien ha tomado la decisión. Es el momento de que entre en acción propiamente la “maquinaria” de la administración. Ya no estaríamos en el nivel político del asunto, sino estrictamente en el nivel técnico. A partir de aquí, lo que manda ya no es la voluntad (refrendada en las urnas) del gobierno y sus cargos políticos, sino la voluntad de todos, o lo que es lo mismo, el interés general, expresado en el Derecho, que en la administración es fundamentalmente el Derecho Administrativo. De tal manera que la gestión, concesión y control de esas ayudas públicas ( diseñar la normativa adecuada, darle publicidad, recibir y valorar las solicitudes, conceder y denegar las subvenciones, controlar el uso de ellas, exigir los reintegros en casos de incumplimientos, e imponer sanciones en los casos establecidos, etc..) debe ajustarse íntegramente a lo prescrito en aquel, sin interferencia del nivel político, y debe estar exclusivamente en manos del trabajador de la función pública. Un tipo peculiar de trabajador, el funcionario, que debe tener un estatus diferenciado, tanto frente a los cargos políticos como frente al resto del personal laboral, puesto que debe tener como máxima de su actuación la objetividad y la imparcialidad que la Constitución le exige y atenerse en todo momento a ese Derecho Administrativo, del que también forma parte un régimen disciplinario adecuado a su especial condición.

Si esto sucediera realmente en la práctica, usted podría no estar de acuerdo con determinada política puesta en marcha por tal gobierno a través de su administración, pero no podría decir que ese gobierno y esa administración hubieran actuado injustamente, corruptamente, con nepotismo, etc...Usted podrá creer que el dinero público estaría mejor invertido buscando petróleo en Villanueva del Trabuco, pero no podría acusarle de favoritismos o corruptelas, o de no respetar el interés general, o de no controlar adecuadamente el uso de los fondos públicos que les ha confiado.

Sin embargo, con frecuencia ocurre más bien lo contrario, que el poder político sobrepasa su límite extendiendo su influencia en el terreno de la gestión y los procedimientos. Esto posiblemente sea producto de una excesiva asimilación entre el Gobierno y la Administración, constituyentes ambos del llamado poder ejecutivo. Es como si el primero pensara que tiene carta blanca, no sólo para decidir las políticas, sino para decidir cómo aplicarlas. Andalucía no es el único territorio en el que esto sucede, aunque si es un caso paradigmático en este sentido. Quizá convenga aquí decir que se trata de un punto que hubiera requerido un mayor desarrollo en la Constitución, que peca a mi modo de ver de una cierta ingenuidad al conceder al gobierno la dirección de la administración, así, sin más. Visto desde la perspectiva de hoy no hubiera estado de más una mayor atención en este precepto, justamente para garantizar esa objetividad e imparcialidad que la propia Constitución propugna para la administración.

Mantener de una forma más clara esa separación, a través de la cual nadie, ni dentro ni fuera, tuviera dudas de que la administración, con todo el personal que lo integra, se debe a la sociedad en general y no a aquellos a los que temporal y coyunturalmente les ha sido confiada su dirección. Establecer una linea divisoria infranqueable entre la actividad política, que obedece a un particular programa político, y la gestora de servicios públicos, que obedece al interés general expresado en las leyes.

En Andalucía, el poder político, lo diremos una vez más, ha prescindido descaradamente del interés general. Sería más correcto decir que ha procurado que el interés general se amolde al interés del partido y de sus mandamases. Efectivamente el PSOE ha ido ganando una tras otra las elecciones. Para muchos esta es la expresión del “interés general”, y por tanto el partido que gana unas elecciones ya cuenta con el marchamo de representar dicho interés ( aveces incluso sin ganarlas ). Sin embargo, los que constituimos la otra parte de la administración, los trabajadores, no tenemos más remedio que añadir a la anterior otra visión, la otra cara, del interés general. Y es que éste no se agota en las elecciones, sino que continúa durante todo el mandato, en el sentido de que todo lo que haga una administración, toda su actividad, la concesión de subvenciones, las contrataciones, las inspecciones, registros, verificaciones, comprobaciones, sanciones, etc..se basa, funda y justifica en dicho interés general. Es decir, este interés general se debe perseguir y respetar en todo momento, no sólo el día de las elecciones.

La administración de la Junta de Andalucía, mejor dicho la dirección política de la Junta de Andalucía, ha ido de la mano de ese interés general el día de las elecciones, pero al día siguiente ya ha estado faltando al mismo anteponiendo la voluntad personal y partidista, favoreciendo a los suyos: parientes, correligionarios de partido o sindicato, etc.. jugando con la ley y el derecho y montando a lo largo de los años una administración a medida de sus propios intereses, olvidando que el interés general, entre unas elecciones y otras, ya no es el de aquellos que me han votado, sino el de toda la sociedad en su conjunto y está expresado en las leyes y procedimientos administrativos.

Esta administración “a medida” es la llamada administración paralela, que viene a ser como un amago de administración pública, una triste sombra de lo que todo un cuerpo de Derecho Administrativo, encabezado por la Constitución, ha señalado como lo más idóneo y justo para responder al imperativo del interés general, y constituye el resultado de años de extralimitación del poder político. Es el producto final de esa invasión del nivel político en el terreno técnico de la gestión de los servicios públicos. En esta desvirtuada administración los funcionarios hemos sido desplazados por personal laboral descaradamente enchufado, personal que no se ha ganado limpiamente el derecho a vivir de un sueldo público, como sí han debido hacerlo los funcionarios, pero que por eso mismo es más susceptible de terminar convertido en rehén y cómplice de una política partidista y sectaria. En este amago de administración las funciones propias de una administración pública regida por el Derecho Público y desempeñadas principalmente por el funcionariado ( todo lo que de manera directa e indirecta se relaciona con el ejercicio de las potestades públicas, según la máxima norma estatutaria del personal de las administraciones: El Estatuto Básico del Empleado Público), han sido desviadas hacia esa otra pseudoadministración, la paralela, la formada por las empresas, consorcios, fundaciones, y últimamente agencias, que introduce en mayor o menor medida el Derecho Privado en su gestión, constituyendo entes híbridos, en permanente roce entre ambos derechos y con la frecuente invasión del Derecho Privado en el Público, traspasando una linea que una verdadera administración pública no debiera traspasar jamás. Así, en estas entidades, intrínsecamente contradictorias, se da la paradoja de que personal sometido al Derecho Privado se destina al ejercicio de potestades públicas (reservado en exclusividad al personal funcionario) y hallándose desprovistas de los requisitos de control propios de la administración general se dedican a ese mismo ejercicio que requiere estos últimos controles. Esta falta de control en los asuntos públicos, en los fondos públicos, andaluces, españoles y europeos, es el terreno de cultivo para toda clase de irregularidades y abusos.

Es por tanto el diseño de esa administración, duplicada, producto de la desvaloración interesada y continuada del estamento técnico (funcionarios), junto con la herramienta consustancial a éste ( el Derecho Administrativo), y el crecimiento de la Instrumental (Agencias y otros entes) en detrimento de la General (Consejerías y Delegaciones), el que se convierte en fuente estructural de corrupción. El problema no está en este o aquel gestor que tenga más o menos escrúpulos a la hora de anteponer su voluntad personal o partidista, el problema es estructural, el propio diseño creado promueve y conlleva la corrupción.

Vistas así las cosas, la solución a la corrupción no está en castigar más severamente las conductas individuales, que también, sino en eliminar las condiciones que la hacen posible. Las condiciones que la hacen posible, en el terreno de lo público, van de la mano del abuso del estamento político de su prerrogativas que culmina con la construcción de administraciones desviadas del derecho administrativo, como se ha comentado. Frases como “habrá que intensificar los controles”, habrá que “diseñar otros procedimientos”, etc, deberían ser contestadas diciendo que a los procedimientos y a los controles no les pasa nada, no hay que tocarlos, lo que hay que hacer es cumplirlos estrictamente tal y como están, mas que diseñados ya. Cumplir la legalidad. Simplemente. Dejar a los funcionarios hacer su trabajo, simplemente.

Para ello, es necesario reconducir la administración. Hacer aquí, en la Junta de Andalucía, una auténtica “reordenación” que empiece por anular y mandar al olvido la mal llamada “Reordenación del sector público” que no ha sido sino el descarado afianzamiento de la administración paralela para vestir de pseudolegalidad la propia corrupción. Esta gente ha tenido el atrevimiento y el cinismo de dotar su propia y descarada inmoralidad de un cuerpo pseudolegal que lo legitime, no sin antes asegurarse en la instancias judiciales oportunas de que el poder judicial iba a plegarse también a su espúrea voluntad, como finalmente ha acontecido, para desesperanza de muchos de nosotros, excesivamente ingenuos, que en el camino hemos perdido dinero, ilusión y crédito en las instituciones.

Por ello la auténtica administración, a mi modo de ver, pasaría por el respeto a los siguientes ejes fundamentales:

1. Separación interna del poder ejecutivo. Clara delimitación del nivel politico y el nivel técnico. Dotación de mecanismos para la no intromisión del poder político en el técnico. Elevación de éste hasta el nivel de Secretarías Generales. Eliminación, dentro del nivel técnico, de los puestos eventuales y de libre designación.  

2. Respeto absoluto a la Constitución y el Derecho Administrativo. Derogación de la Ley de Reordenacion del sector público y del título III de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía. Así como de cualquier otra normativa favorecedora del desvío de aquel derecho. 

3. Una única administración pública, conforme al modelo de la Administración General , con servicios centrales y delegaciones territoriales. Eliminación de la administración paralela, seguida de un análisis de los recursos humanos necesarios, creando en su caso las plazas necesarias a través de una Oferta Pública de Empleo. 

4. Un único tipo de personal para la administración, con una única vía de acceso a la misma, igual para todos, respetuosa de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Cualquier otro tipo de personal necesario para tareas accesorias o instrumentales sería minoritario, seleccionado conforme a los mismos principios, y para puestos claramente diferenciados que no impliquen conocimiento o influencia de algún tipo en expedientes que afecten o puedan afectar a derechos o intereses de la ciudadanía. 

5. Apuesta clara y decidida por la profesionalización de los trabajadores de la función pública, a través de una formación continua orientada al conocimiento y manejo de los procedimientos. 

6. Creación de mecanismos eficaces de defensa de la imparcialidad del funcionario, tanto frente a las presiones externas a la administración, como a las provenientes del poder político.

LEGALIGAD Y EFICACIA: LA FALSA DISPUTA

No es verdad que una administración pública respetuosa de la legalidad tenga por fuerza que ser ineficaz. Este es un argumento interesado que aparece de forma mas o menos velada desde hace ya algunos años. Existen muchas personas interesadas en divulgar esta idea en nuestro país y, como no, también en Andalucía. Y que decir de esa especie de perversa seducción que el mundo de la gestión privada ejerce en gran parte de los dirigentes de la Administración, y como no, de la Administración en Andalucía. Porque ese es el trasfondo de la falsa disputa legalidad-eficacia.

La derecha neoliberal ya sabemos que está por la labor de privatizar, de llevar a su terreno, al del mundo de la empresa, parcelas de lo público, porque encuentra en "lo público" oportunidades de negocio para sus sustentadores principales y/o votantes.... Esto está en la linea de los planteamientos sociopoliticos y económicos del liberalismo o neoliberalismo, pero lo que resulta más chocante es que desde la izquierda se secunde este tipo de planteamientos.

El PSOE de Andalucía ha venido implícita y explícitamente desarrollando este planteamiento desde los inicios de la Autonomía. A estas alturas ha logrado crear una administración paralela que supone una concesión al mundo de la gestión privada. En particular al entorno amigo y clientelar de la gestión privada. La privatización practicada por el PSOE en Andalucía es mas perversa que la practicada por gobiernos de derecha como el actual del PP. La derecha privatiza o intenta privatizar servicios públicos, cierto. Vende o intenta vender instituciones prestadoras de servicios públicos. Su privatización es pura y dura. Pasa a manos privadas la titularidad de determinado servicio y con ello, por supuesto, la gestión del mismo. Mal, muy mal. La izquierda, en Andalucia, PSOE e IU, critican ( con toda la razón) esa privatización pretendida por la derecha. Sin embargo la izquierda que acusa a la derecha de privatizar, privatiza mientras tanto la gestión de los servicios públicos. Y no de un servicio cualquiera, como barrer calles, sino de servicios como la contratación de infraestructuras y equipos educativos de utilización pública o las inspecciones medioambientales, por citar sólo dos ejemplos. Se podrá decir, sí pero ese servicio sigue siendo de titularidad pública. Y entonces habría que pensar si no es más perverso esto último, pues hace que una institución pública se administre como una privada, con el dinero de todos. Al fin y al cabo en la otra privatización, la de la titularidad, hablamos de dinero privado, tanto en lo que se refiere a las ganancias como a las pérdidas, mientras que en el otro caso en realidad hablamos de un seudoempresario (la clase dirigente—partido) que reinvierte en sí mismo las ganancias pero socializa las pérdidas. De esto último sabemos algo los funcionarios andaluces. Me parece mas indecente convertirse en empresario con dinero de todos. Y esto es precisamente lo que se ha venido haciendo aquí.

Es patético el acercamiento de los que mandan en nuestra administración al mundo de la gestión privada. Hace pocos años comenzaron a ponerse de moda dentro del ámbito de la administración de la Junta los cursos sobre "calidad". Yo fui a uno de ellos. Vi cómo el personal que impartía los cursos, personal de la administración, hablaba con vergonzosa admiración de un ejecutivo procedente de la empresa privada que había sido "fichado" por la administración, y nos había beneficiado a todos trayendonos la bienaventurada nueva de la calidad y de la gestión por procesos. Al final todo se reducía a reducir, valga la redundancia, los tiempos y plazos de los procedimientos. En ese mismo curso nos pusieron un video en el que salía Obama con su famoso "Podemos". Nos dijeron que los ciudadanos eran clientes ( se me ocurrió objetar que eran unos clientes muy particulares ya que no podían acudir a la competencia si no estaban satisfechos con el servicio prestado por la administración y me respondió uno de estos nuevos conversos a lo privado que nada de eso, que para eso estaban las agencias..¿?).Pero lo mejor de todo fueron dos palabritas-mantras procedentes también del mundo privado: MISIÓN Y VISIÓN. A que suena como a religioso. Estos son dos conceptos-chorradas del tan anhelado, por nuestros papanatas políticos y político-gestores, mundo de la empresa privada. Ahora toda organización debe tener una misión y una visión. Y como no, estos lumbreras que dirigen nuestra pobre Junta de Andalucía, han descubierto que también ésta debe tener su misión y su visión. Como si éstas no estuvieran ya mas que establecidas en la Constitución y en el Derecho Administrativo.

La cuestión es que la "misión" de los dirigentes de nuestra administración es engañarnos a todos con la supuesta falta de eficacia y agilidad de la Administración pública. De esta manera, la creación de una administración paralela que duplica órganos y recursos y que produce el vaciamiento de funciones y la desfuncionarización de los puestos de trabajo en la administración general, que prescinde del derecho administrativo, y por tanto de todo un sistema de control en el manejo de los asuntos y del dinero público, se justifica esgrimiendo el fantasma de la burocracia, lenta e ineficaz, de la administración tradicional. Se sacrifica la legalidad por la eficacia. Peor aún, la legalidad por una falsa eficacia. Pues si nunca estaría justificado, en un Estado de derecho, el sacrificio de la legalidad en aras de la eficacia o de la agilidad, menos todavía cuando esa eficacia o agilidad no son tales. ¿Se ha hecho algún análisis, evaluación o estudio serio que haya valorado positivamente esa supuesta eficacia de la administración instrumental de la Junta de Andalucía?. Para lo que sin duda no hace falta ningún estudio es para concluir que ha sido muy eficaz para una innumerable legión de corruptos.

Es justamente desde el ámbito del propio Derecho Administrativo desde el que se han hecho esfuerzos por dotar de eficacia y agilidad a la Administración tradicional en un intento de superar, sin prescindir de la legalidad, los defectos de la denostada burocracia. Leyes como la 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, supusieron incidir claramente sobre ello. Si a esto unimos la realidad de la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en las administraciones, el ideal de conciliar legalidad y agilidad no parecería tan lejano como nos quiere hacer pensar la interesada clase política. Los que trabajamos en la administración sabemos que a los políticos que dirigen la Junta de Andalucía no les interesa la eficacia ni la agilidad, para ellos lo eficaz y ágil es saltarse la legalidad ( los controles administrativos, fiscalizadores) para poder operar al margen del interés general, pues para ellos éste no es otro que el interés particular y partidista de su linea política, sindical y social.

Ellos sí han aprendido la lección de la eficacia y la agilidad, pero no para prestar un mejor servicio a los ciudadanos, sino para crear una administración a imagen y semejanza de sus auténticas intenciones e intereses. Una administración sistémicamente corrupta porque pervierte la esencia de su "misión", que está claramente definida en la Constitución : servir con objetividad e imparcialidad los intereses generales; para lo que no hace falta encontrar ni perseguir ninguna "visión". Simplemente basta con "ver" la Constitución. O quizás atenerse a la recomendación de San Agustín en sus Confesiones: "Pero consultada la justicia, pensó mejor su decisión y juzgó más útil la equidad, que se lo prohibía, que el poder, que se lo permitía."