HACIA LA AUTÉNTICA ADMINISTRACIÓN

Hartos estamos ya de oír la palabra corrupción y más aún de padecerla. En Andalucía, estamos en disposición de formalizar un máster en esta materia. Lo primero que hay que decir respecto de este fenómeno es que es algo que puede afectar tanto a los individuos como a las instituciones. El ejemplo más cercano de ello lo tenemos en la Junta de Andalucía, un caso de libro en lo que a administraciones corruptas se trata. Tanto que sin duda tendría un papel destacado en un hipotético manual de la corrupción. Para ilustrar lo que digo tendríamos antes que tener presente algunas características propias de las administraciones públicas en general. De cualquiera de ellas.

Por lo pronto, y sin entrar en demasiado detalle, cualquier administración pública es una entidad dual, porque en ellas conviven (es un decir) dos tipos muy distintos de estamentos o niveles. El estamento político y el propiamente funcionarial. Los políticos y los trabajadores. Dentro de estos últimos hay varias clases (la frase “divide y vencerás” parece aquí bastante oportuna). Pero todos ellos quedan muchas veces englobados desde fuera de la administración, de forma precipitada e incorrecta, con el término “funcionarios”, sobre todo cuando se trata de señalar el excesivo tamaño de aquella, desconociendo que gran parte del contingente de esos trabajadores no son precisamente funcionarios. Sin ahondar más en esto último (y habría mucho que ahondar), diremos simplemente que coexisten dos grupos claramente diferenciados: los cargos políticos y los trabajadores de la administración. Si hablamos de niveles podríamos decir: el nivel político y el nivel técnico.

Sostengo que gran parte de la corrupción existente en el seno de la administración, más allá de responder a la natural tendencia del ser humano a dejarse llevar por su lado más incívico, tiene su última razón de ser en una no adecuada separación entre estos dos niveles. Más que su razón, sería más correcto decir “su oportunidad de ser”. Y más exactamente en la invasión de un nivel frente al otro. No hace falta señalar cual es el nivel invasor y cual el invadido. Cuando esto ocurre se pervierte la esencia misma de la administración, que no es otra que servir al interés general. Y se da el caso de que aquí, en Andalucía, ha tenido que ser un partido socialista, por definición más preocupado por el bien social que por el individual, el que venga a desconocer esto último.

Esto se verá mejor con un ejemplo: El partido que cuenta con la mayoría de votos en unas elecciones (sin debatir ahora el caso del que logra esto mismo tras la elecciones, en el Parlamento, mediante pacto con otras formaciones representadas) tiene sin duda el derecho legitimo para poner en práctica su particular visión de los asuntos públicos, su programa político, para lo cual cuenta, con toda legitimidad, con la administración como instrumento para la realización de aquel. Tiene plena legitimidad para colocarse (colocar a sus cargos políticos) al frente o en la dirección de aquella, de tal manera que si decide impulsar políticas medioambientales que favorezcan la lucha contra el cambio climático, por poner un ejemplo, pondrá en marcha acciones de fomento que se concretarán en tal o cual linea de subvenciones para entidades o particulares que contribuyan a tal fin. Tiene plena legitimidad para decidir que una determinada parte de los fondos públicos se va a destinar a nutrir esas subvenciones. Decidirá que entre todos vamos a financiar esas subvenciones y vamos a dejar de fomentar otro tipo de políticas, y lo hará con plena legitimidad. Otro tanto podría decirse en materia de contrataciones o en cualquier otra actividad pública. Ahora bien, una vez que se ha tomado esa decisión, todo lo que viene después, debe quedar ajeno a la influencia de quien ha tomado la decisión. Es el momento de que entre en acción propiamente la “maquinaria” de la administración. Ya no estaríamos en el nivel político del asunto, sino estrictamente en el nivel técnico. A partir de aquí, lo que manda ya no es la voluntad (refrendada en las urnas) del gobierno y sus cargos políticos, sino la voluntad de todos, o lo que es lo mismo, el interés general, expresado en el Derecho, que en la administración es fundamentalmente el Derecho Administrativo. De tal manera que la gestión, concesión y control de esas ayudas públicas ( diseñar la normativa adecuada, darle publicidad, recibir y valorar las solicitudes, conceder y denegar las subvenciones, controlar el uso de ellas, exigir los reintegros en casos de incumplimientos, e imponer sanciones en los casos establecidos, etc..) debe ajustarse íntegramente a lo prescrito en aquel, sin interferencia del nivel político, y debe estar exclusivamente en manos del trabajador de la función pública. Un tipo peculiar de trabajador, el funcionario, que debe tener un estatus diferenciado, tanto frente a los cargos políticos como frente al resto del personal laboral, puesto que debe tener como máxima de su actuación la objetividad y la imparcialidad que la Constitución le exige y atenerse en todo momento a ese Derecho Administrativo, del que también forma parte un régimen disciplinario adecuado a su especial condición.

Si esto sucediera realmente en la práctica, usted podría no estar de acuerdo con determinada política puesta en marcha por tal gobierno a través de su administración, pero no podría decir que ese gobierno y esa administración hubieran actuado injustamente, corruptamente, con nepotismo, etc...Usted podrá creer que el dinero público estaría mejor invertido buscando petróleo en Villanueva del Trabuco, pero no podría acusarle de favoritismos o corruptelas, o de no respetar el interés general, o de no controlar adecuadamente el uso de los fondos públicos que les ha confiado.

Sin embargo, con frecuencia ocurre más bien lo contrario, que el poder político sobrepasa su límite extendiendo su influencia en el terreno de la gestión y los procedimientos. Esto posiblemente sea producto de una excesiva asimilación entre el Gobierno y la Administración, constituyentes ambos del llamado poder ejecutivo. Es como si el primero pensara que tiene carta blanca, no sólo para decidir las políticas, sino para decidir cómo aplicarlas. Andalucía no es el único territorio en el que esto sucede, aunque si es un caso paradigmático en este sentido. Quizá convenga aquí decir que se trata de un punto que hubiera requerido un mayor desarrollo en la Constitución, que peca a mi modo de ver de una cierta ingenuidad al conceder al gobierno la dirección de la administración, así, sin más. Visto desde la perspectiva de hoy no hubiera estado de más una mayor atención en este precepto, justamente para garantizar esa objetividad e imparcialidad que la propia Constitución propugna para la administración.

Mantener de una forma más clara esa separación, a través de la cual nadie, ni dentro ni fuera, tuviera dudas de que la administración, con todo el personal que lo integra, se debe a la sociedad en general y no a aquellos a los que temporal y coyunturalmente les ha sido confiada su dirección. Establecer una linea divisoria infranqueable entre la actividad política, que obedece a un particular programa político, y la gestora de servicios públicos, que obedece al interés general expresado en las leyes.

En Andalucía, el poder político, lo diremos una vez más, ha prescindido descaradamente del interés general. Sería más correcto decir que ha procurado que el interés general se amolde al interés del partido y de sus mandamases. Efectivamente el PSOE ha ido ganando una tras otra las elecciones. Para muchos esta es la expresión del “interés general”, y por tanto el partido que gana unas elecciones ya cuenta con el marchamo de representar dicho interés ( aveces incluso sin ganarlas ). Sin embargo, los que constituimos la otra parte de la administración, los trabajadores, no tenemos más remedio que añadir a la anterior otra visión, la otra cara, del interés general. Y es que éste no se agota en las elecciones, sino que continúa durante todo el mandato, en el sentido de que todo lo que haga una administración, toda su actividad, la concesión de subvenciones, las contrataciones, las inspecciones, registros, verificaciones, comprobaciones, sanciones, etc..se basa, funda y justifica en dicho interés general. Es decir, este interés general se debe perseguir y respetar en todo momento, no sólo el día de las elecciones.

La administración de la Junta de Andalucía, mejor dicho la dirección política de la Junta de Andalucía, ha ido de la mano de ese interés general el día de las elecciones, pero al día siguiente ya ha estado faltando al mismo anteponiendo la voluntad personal y partidista, favoreciendo a los suyos: parientes, correligionarios de partido o sindicato, etc.. jugando con la ley y el derecho y montando a lo largo de los años una administración a medida de sus propios intereses, olvidando que el interés general, entre unas elecciones y otras, ya no es el de aquellos que me han votado, sino el de toda la sociedad en su conjunto y está expresado en las leyes y procedimientos administrativos.

Esta administración “a medida” es la llamada administración paralela, que viene a ser como un amago de administración pública, una triste sombra de lo que todo un cuerpo de Derecho Administrativo, encabezado por la Constitución, ha señalado como lo más idóneo y justo para responder al imperativo del interés general, y constituye el resultado de años de extralimitación del poder político. Es el producto final de esa invasión del nivel político en el terreno técnico de la gestión de los servicios públicos. En esta desvirtuada administración los funcionarios hemos sido desplazados por personal laboral descaradamente enchufado, personal que no se ha ganado limpiamente el derecho a vivir de un sueldo público, como sí han debido hacerlo los funcionarios, pero que por eso mismo es más susceptible de terminar convertido en rehén y cómplice de una política partidista y sectaria. En este amago de administración las funciones propias de una administración pública regida por el Derecho Público y desempeñadas principalmente por el funcionariado ( todo lo que de manera directa e indirecta se relaciona con el ejercicio de las potestades públicas, según la máxima norma estatutaria del personal de las administraciones: El Estatuto Básico del Empleado Público), han sido desviadas hacia esa otra pseudoadministración, la paralela, la formada por las empresas, consorcios, fundaciones, y últimamente agencias, que introduce en mayor o menor medida el Derecho Privado en su gestión, constituyendo entes híbridos, en permanente roce entre ambos derechos y con la frecuente invasión del Derecho Privado en el Público, traspasando una linea que una verdadera administración pública no debiera traspasar jamás. Así, en estas entidades, intrínsecamente contradictorias, se da la paradoja de que personal sometido al Derecho Privado se destina al ejercicio de potestades públicas (reservado en exclusividad al personal funcionario) y hallándose desprovistas de los requisitos de control propios de la administración general se dedican a ese mismo ejercicio que requiere estos últimos controles. Esta falta de control en los asuntos públicos, en los fondos públicos, andaluces, españoles y europeos, es el terreno de cultivo para toda clase de irregularidades y abusos.

Es por tanto el diseño de esa administración, duplicada, producto de la desvaloración interesada y continuada del estamento técnico (funcionarios), junto con la herramienta consustancial a éste ( el Derecho Administrativo), y el crecimiento de la Instrumental (Agencias y otros entes) en detrimento de la General (Consejerías y Delegaciones), el que se convierte en fuente estructural de corrupción. El problema no está en este o aquel gestor que tenga más o menos escrúpulos a la hora de anteponer su voluntad personal o partidista, el problema es estructural, el propio diseño creado promueve y conlleva la corrupción.

Vistas así las cosas, la solución a la corrupción no está en castigar más severamente las conductas individuales, que también, sino en eliminar las condiciones que la hacen posible. Las condiciones que la hacen posible, en el terreno de lo público, van de la mano del abuso del estamento político de su prerrogativas que culmina con la construcción de administraciones desviadas del derecho administrativo, como se ha comentado. Frases como “habrá que intensificar los controles”, habrá que “diseñar otros procedimientos”, etc, deberían ser contestadas diciendo que a los procedimientos y a los controles no les pasa nada, no hay que tocarlos, lo que hay que hacer es cumplirlos estrictamente tal y como están, mas que diseñados ya. Cumplir la legalidad. Simplemente. Dejar a los funcionarios hacer su trabajo, simplemente.

Para ello, es necesario reconducir la administración. Hacer aquí, en la Junta de Andalucía, una auténtica “reordenación” que empiece por anular y mandar al olvido la mal llamada “Reordenación del sector público” que no ha sido sino el descarado afianzamiento de la administración paralela para vestir de pseudolegalidad la propia corrupción. Esta gente ha tenido el atrevimiento y el cinismo de dotar su propia y descarada inmoralidad de un cuerpo pseudolegal que lo legitime, no sin antes asegurarse en la instancias judiciales oportunas de que el poder judicial iba a plegarse también a su espúrea voluntad, como finalmente ha acontecido, para desesperanza de muchos de nosotros, excesivamente ingenuos, que en el camino hemos perdido dinero, ilusión y crédito en las instituciones.

Por ello la auténtica administración, a mi modo de ver, pasaría por el respeto a los siguientes ejes fundamentales:

1. Separación interna del poder ejecutivo. Clara delimitación del nivel politico y el nivel técnico. Dotación de mecanismos para la no intromisión del poder político en el técnico. Elevación de éste hasta el nivel de Secretarías Generales. Eliminación, dentro del nivel técnico, de los puestos eventuales y de libre designación.  

2. Respeto absoluto a la Constitución y el Derecho Administrativo. Derogación de la Ley de Reordenacion del sector público y del título III de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía. Así como de cualquier otra normativa favorecedora del desvío de aquel derecho. 

3. Una única administración pública, conforme al modelo de la Administración General , con servicios centrales y delegaciones territoriales. Eliminación de la administración paralela, seguida de un análisis de los recursos humanos necesarios, creando en su caso las plazas necesarias a través de una Oferta Pública de Empleo. 

4. Un único tipo de personal para la administración, con una única vía de acceso a la misma, igual para todos, respetuosa de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Cualquier otro tipo de personal necesario para tareas accesorias o instrumentales sería minoritario, seleccionado conforme a los mismos principios, y para puestos claramente diferenciados que no impliquen conocimiento o influencia de algún tipo en expedientes que afecten o puedan afectar a derechos o intereses de la ciudadanía. 

5. Apuesta clara y decidida por la profesionalización de los trabajadores de la función pública, a través de una formación continua orientada al conocimiento y manejo de los procedimientos. 

6. Creación de mecanismos eficaces de defensa de la imparcialidad del funcionario, tanto frente a las presiones externas a la administración, como a las provenientes del poder político.

SI DALÍ LEVANTARA LA CABEZA..

El Rey padre, me refiero a Juan Carlos, cuando aún no era el Rey padre, sino el Rey a secas, hablando con Susana Díaz (¡¡¡¡¿¿¿¿) para intentar convencerla de que lidere el PSOE y aboge por la unidad de España (¿¿¿???). Susana permitiéndose el lujo de declinar la invitación, no sólo regia, sino incluso popular, por encima del bien y del mal, jugando maquiavélicamente al ahora no, quizá mañana, me debo a Andalucía..., mientras coloca a su pupilo, el guaperas, para que se coma el marrón de limpiar un estercolero de partido y fracase en el intento claro, apareciendo ella a la postre como, ahora ya sin apelación, la única y definitiva salvadora de un partido y quien sabe si también de una España un poco rota y ajada.

Y que todo esto lo haga sin apenas hacer nada...eso si que es un misterio. ¿Cómo tiene que estar un partido, cómo tiene que estar una clase política, cómo tiene que estar una ciudadanía, para que esta niña, sin hacer nada, con tan sólo cuatro frasesitas aprendidas que cualquiera podría decir, se haya metido en el bolsillo a tanta gente?.

Surrealismo, puro surrealismo. Al margen de otras muchas consideraciones, la política española, y no digamos la andaluza, es surrealista. Sería toda una inspiración para Dalí.

Mientras tanto, aquí en Andalucía, la tierra de la niña, las cosas no siguen igual desde que ella llegó, no. Siguen peor. No puedo evitar una cierta perplejidad cuando oigo o leo a compañeros críticos con la realidad política de Andalucía achacar a la Presidenta que haya faltado a su palabra de luchar contra la corrupción...es que ¿de verdad alguien mínimamente informado pensó por un momento que algo así iba a suceder?.

Mientras vemos como danza la niña y otros muchos en el cada vez más zafio y aburrido escaparate político lo cierto es que, aquí en la administración de la Junta de Andalucía, se está cumpliendo poco a poco, gota a gota, un siniestro plan de desfuncionarización-desprofesionalización de la administración, de despojo de ésta, de involución hacia una organización desviada de sus auténticos fines. Y es que ahora resulta que sobramos los que nos hemos ganado en unas oposiciones el derecho a tener un puesto de trabajo en “lo público”. Ahora lo que se lleva es ser “enchufado”, sin oposiciones y sin más mérito que ser de los partidos del Régimen o de los sindicatos del Régimen o familiar o cercano a alguien con influencias en el Régimen. Ahora lo que se lleva es permitir que una empresa, llámese Agencia, Empresa Pública, Fundación, Consorcio, se haga cargo de lo que debe hacer una Administración Pública. Esta gente que ahora capitanea la sabionda de Triana está consumando su idea de una administración absolutamente partidista y clientelar. ¿Que para qué?, pues ¡para acabar con la corrupción!. Surrealista. Todo muy surrealista. Y nadie, nadie, salvo un puñado contadísimo de funcionarios, hace nada por remediarlo. Surrealista.

Languidece el tiempo en Andalucía

 que de la nada ve surgir a la nueva diosa Susana,

entre la corrupción y la miseria bailando,

la oportunidad de la rapiña afianzando,

y una vampírica administración paralela sosteniendo,

mientras sigue el tiempo languideciendo.

Aquí, en la muy surrealista Andalucía.

COMO LOS NIÑOS

Los niños, cuando no quieren ver algo, cuando de repente la realidad les pone por delante algo no agradable, por una infinidad de posibles y subjetivos motivos, sencillamente cierran los ojos. Lo que no veo no existe, parecen decir con ello. Pero aún más, incluso cuando lo que pretenden negar de la realidad no es una cosa cualquiera de ésta, sino su propia persona, también recurren a la misma práctica. Es decir, cuando ellos mismos pretenden pasar desapercibidos, sin ser vistos por los demás, ¿que hacen?, pues lo mismo, cerrar los ojos. Si yo no veo al mundo, incluido yo mismo en él, tampoco los otros podrán verlo. Ni verme.

Esta negación mágica de la realidad, tan simpática en los niños, se hace antipática e insultante en los adultos, en los que ya no se trata de un natural mecanismo de defensa para enfrentarse a un mundo nuevo y aveces hostil, sino de lo que normalmente se conoce como “cinismo”, o más vulgarmente “cara dura”. Y si hablamos de adultos-políticos ese cinismo tiende a convertirse en algo así como una segunda piel, transformación evolutiva producida no tanto por mutación genética natural como por adaptación al ambiente sociopolítico militante, que logra su máxima y más cumplida expresión en el adulto-político-mangaluz. Este ejemplar de ser humano, que habita nuestra tierra andaluza, ha conseguido elevar aquel apelativo a la categoría de arte. Me imagino la siguiente escena, digna tal vez de una preformance de vanguardia:

Larga pasarela con alfombra roja central, elevada sobre la superficie de una gran sala que divide en dos, entre la que se reparte el público, admirativo y aplaudidor de un lado y reprochador y despreciativo del otro, aunque mayoritariamente indiferente a ambos lados. De repente comienza el desfile: Uno a uno van desfilando políticos del PSOE y de IU, pasados y presentes, miembros de gobiernos anteriores y del actual, también algún que otro sindicalista, entre algunos vítores de un lado de la bancada y abucheos desde el contrario, si bien con el predominio del silencio en ambos lados. La alfombra por la que desfilan, al principio de un rojo claro y limpio, va perdiendo poco a poco su color, su limpieza y pulcritud, hasta convertirse en un descolorido y sucio camino lleno de toda clase de inmundicias. Desfilan la plana mayor del Gobierno actual con Susana de Triana a la cabeza, seguida de Diego Corrientes, digo Valderas, y del resto de altos cargos, pero también Pepe Griñán, Carmencita Aguayo o viejas glorias como Pepe de la Borbolla, el mago Gaspar Zarrías, Chaves el Cabezón, etc, y así hasta completar una lista interminable de señores y señoras incluidos en la órbita del poder mangaluz. En las paredes laterales de la sala enormes pantallas de plasma reproducen diversas escenas alusivas a la corrupción política y económica, desde los inicios de la autonomía en Andalucía. No las reproducimos aquí para no herir la sensibilidad del desocupado y desprevenido lector.

Los “desfilantes” miran hacia el frente, al fondo de la sala, en donde una gran urna de cristal que cuelga del techo se balancea a mitad de camino entre éste y el suelo. Por momentos miran hacia las escenas reproducidas en las paredes, pero rápidamente se vuelven hacia la urna sin perder el gesto. Entonces ocurre lo extraordinario, lo inaudíto, lo increible. De repente, uno a uno, a mitad de su actuación por la pasarela, se detienen unos segundos volviéndose hacia el desprevenido público de uno y otro lado, dirigiéndose a ellos desde la superior altura de la pasarela, con estas invariables palabras: “Ya veis que nada de esto es verdad, pues yo sigo desfilando como si nada, sin que nada de lo que veis reflejado en las paredes me afecte. ¿Que mayor prueba de la falsedad de esas imágenes queréis?”.

HUMANO, DEMASIADO HUMANO

No se trata de Nietzsche, sino de Horrach, el fiscal anticorrupción. Yo estaba acostumbrado a verlo en televisión criticando al Juez Castro, con un semblante serio pero con una ligera sonrisa como de seguridad y ecuanimidad, por momentos pareciendo como la parte rigurosa y objetiva del dúo fiscal-juez, que en el imaginario de la gente podría estirarse en diversas composiciones duales como el Juez-Pueblo soberano contra el Fiscal-Estado, o el Fiscal protector de Infantas contra el Juez azote de la realeza, etc.., cuando de pronto le veo un no se qué en los ojos, en la expresión, tras haber sido, al parecer, ligeramente cuestionado por el Consejo General del Poder Judicial ( de esto no estoy muy seguro pero sigamos), cuando éste ha venido a decir que hay que ser respetuoso con las decisiones judiciales y demás.. Entonces el fiscal Horrach, antes seguro y sólido, parece haber sido "tocado" cuando ha venido a decir que le parece muy bien lo del respeto, pero que siempre y cuando sea para todos, incluido él, evidentemente, dejando asomar una cierta...vulnerabilidad. En pocas palabras, ha tomado un poco de su propia medicina, de la que él ha estado sumistrando al Juez.

No se quien lleva razón en lo de la Infanta, pero lo que si sé es que las declaraciones del fiscal descalificando y dando pávulo a la idea de que el Juez no está siendo ecuánime con aquella, que la está de alguna manera "persiguiendo", suponen una falta de respeto no sólo al Juez sino al Estado de Derecho, es decir a todos nosotros. El fiscal debe permanecer calladito, sin hacer declaraciones públicas. Si le ponen el micrófono por delante pues que no conteste, o que conteste otra cosa, como por ejemplo que ya se pronunciará mediante los instrumentos jurídicos propios de su oficio. Luego viene el tonto de Rajoy diciendo que está plenamente convencido de la inocencia de la Infanta, etc...El hábil y ladino Roca será el que cobrará los honorarios por la defensa jurídica de la Infanta, pero desde luego no es el único abogado que tiene ésta.

Hace poco otro tonto, esta vez mas cercano a nosotros, los andaluces, el Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía ha dicho que el cree que el caso de los ERE de Andalucía terminará disolviéndose como una azucarillo, o algo así....Sobran comentarios.

Uno y otro son ejemplos de patadas al Estado de Derecho. Por parte de los mismos a los que se les llena la boca con todo eso de la independencia de los jueces, de la imparcialidad de las instituciones públicas, etc.. Resulta inaudito que aquellos mismos que ocupan una posición de preeminencia en dicho Estado de Derecho sean los primeros en ningunearlo cuando la ocasión pueda resultar desfavorable para según qué personas. ¿Alguién se imagina al fiscal de un caso cualquiera de robo, o de cualquier otro delito imaginable, hacer declaraciones públicas arremetiendo contra el Juez instructor de la causa?. ¿Alguien se imagina al mismísimo Presidente sacar la cara en televisión por un delicuente común y decir aquello de "estoy convencido de la inocencia..." o "los jueces tendrán la última palabra pero yo estoy en condiciones de afirmar que no fue Manuel el de las Tres mil el que asaltó la farmacia".

Claro, así resulta muy difícil creer en eso de "la Justicia es igual para todos". En fin, la conclusión que podemos sacar de todo esto es que en un Estado de Derecho, como en "teoría" es el nuestro, nadie puede estar por encima de la Ley. Esto que parece tan obvio, y que resulta muy sencillo de decir y entender, parece chocar una y otra vez con serios obstáculos a la hora de llevarlo a la práctica cotidiana. Buen ejemplo de ello lo tenemos en la administración de la Junta de Andalucía, que ha construido un tinglado para sobrevolar el límite de la ley, traspasándolo en no pocas ocasiones.

Sin embargo, esta dificultad de realización, de plasmación en la realidad, es una dificultad selectiva: para aquel que es desahuciado de su vivienda por un proceso de ejecución hipotecaria el Estado de Derecho aparece como algo que hay que respetar y que se impone de manera impersonal, es decir, independientemente de la voluntad de banqueros, jueces, notarios, policías, etc..y no digamos de la del propio afectado. Se trata de una maquinaria inapelable e ineludible. Sin embargo en otros casos...

Hasta que no haya ningún caso en el que la condición y voluntad de las personas prevalezca sobre la ley no estaremos en un auténtico Estado de Derecho. Y si comenzamos este breve e inútil escrito mencionando a Nietzsche, ahora pegaría más recordar a Darwin y terminar con alguna que otra pregunta: ¿alguien tiene alguna idea de cuánto tiempo falta para que hombres y mujeres consientan en dejar de trampearse los unos a los otros?, ¿será esto equiparable al paso del primate al homínido?, ¿tanto tendremos que esperar?, ¿habrá alguien aquí para cuando termine el recorrido evolutivo de la primacía del Derecho en las relaciones sociales y políticas?. Algunos pensamos que aquí entre nosotros, particularmente en Andalucía, se están dando pasos en la dirección contraria, es decir, que no estamos evolucionando sino involucionando, con el agravante de que pretenden hacerlo pasar por una estupenda modernización.

En este sentido, y sin ánimo de ofender a nadie, no puedo evitar preguntarme si no es algo más que mera coincidencia el inquietante parecido entre cierto Consejero del Cortijo andaluz y la imagen de una conocida marca de anís.

LOS REYES MAGOS Y LA INSPECCIÓN

Siempre se ha dicho: trabajas menos que los Reyes Magos, una vez al año si no llueve. Pues no señor. Aquí, en nuestra maltratada Mangalucía, tenemos unos señores que todavía trabajan menos: los de la Inspección General de Servicios de la Junta de Mangalucía. ¿Que coño hacen estos señores?. Se podría decir de ellos aquello del 23 F de “ni está ni se le espera”. Son los fantasmas de la Junta. O los budas del sur de la piel de toro. Practican el silencio profundo, el gran silencio. Dejan correr las irregularidades, los abusos, las barbaridades como los meditadores zen dejan correr los pensamientos. Si bien estos últimos pretenden con ello alcanzar un nivel de conciencia superior al común, mientras que los anteriores, los made in mangalucía, lo único que pretenden es tener algo que llevarse a la boca y un sueldo, a ser posible ligeramente superior al común. Estamos en Mangalucía, qué esperan ustedes.

La ausencia de inspección de la Inspección de la Junta no brilla como otras notorias ausencias, no, grita desaforadamente, rasga el silencio como lo haría el pánico de un barítono desde el interior de una catedral. La casuística de casos de corrupción es ya, a estas alturas de la película, tan amplia que da pereza recordarla. Pero parece que nadie menciona la inoperancia culpable de esta institución de la Junta de Andalucía que tiene como principio de su razón de ser precisamente el velar por el cumplimiento de la legalidad y el ajuste de la gestión administrativa, tanto interna como de cara a los ciudadanos, al procedimiento y el derecho administrativos.

No es extraña la inactividad aparente de la inspección si tenemos en cuenta que no está dispuesta a cumplir con su principal cometido. ¿Que le queda por hacer si no hace aquello que tendría que hacer: por ejemplo denunciar la contratación ilegal de personal (http://www.infojobs.net/sevilla/administraiv-gestion-documental-programa-aries/of-ieecc4df2bc4a40adda7823ffe2d658., o denunciar el desempeño de potestades públicas (contratar, subvencionar, inspeccionar, etc) en las Agencias Públicas Empresariales por personal laboral, cuando toda la legislación reserva dicho desempeño a personal funcionario?. Son sólo dos ejemplos.

La razón de porqué no hace lo que debería hacer es algo que remite al último reducto de todas las explicaciones acerca de la corrupción, la pésima organización y la falta de profesionalidad que imperan en la administración de la Junta: el abuso de poder por parte del estamento dirigente, que es el nivel político de la administración. Los cargos de mayor responsabilidad dentro de esa Inspección, como de cualquier otra institución de control de la Junta son, desgraciadamente, puestos políticos, puestos a dedo, que no tienen más remedio que observar el onceavo mandamiento: no morderás la mano que te da de comer. A partir de ahí, no se puede esperar otra cosa que lo que sucede.

Mientras exista ese cordón umbilical entre quien dirige la administración y quien debe velar por el estricto cumplimiento de la legalidad en la actuación administrativa, el segundo siempre tenderá a complacer al primero. Y siendo así, nos podríamos ahorrar los sueldos del segundo.

A LOS DE FUERA

Nos debemos a los fuera, no a los de dentro.

Los funcionarios de la Junta de Andalucía tenemos un deber, de esos que se denominan “inexcusable” que consiste en denunciar ante la opinión pública lo que ocurre en la administración puertas adentro. Y ello por varias razones. En primer lugar porque nuestro contrato es con los de fuera, con los ciudadanos, no con los de dentro, con los que deciden qué hacer y cómo hacer en la administración. En segundo lugar, por mantener a flote nuestra dignidad de profesionales y en tercer lugar porque esta gente, los que deciden, está abusando de una administración que no les pertenece.

El PSOE ha conseguido desvirtuar la administración de tal manera que hoy en día hablar de Administración Pública exige ir introduciendo matices, devanando conceptos jurídicos, estableciendo diferencias, delimitando naturalezas, y desbrozando equívocos para terminar redundando en explicaciones algo confusas que no obstante remiten a una única evidencia: la reedición moderna del viejo "divide y vencerás", reconvertido en "confunde y vencerás". Administración General, Administración Instrumental, Entidades de Derecho Público, Entidades híbridas de Derecho Público pero con gestión unas veces pública y otras privada, Entidades privadas pero que actúan como si fueran públicas, la administración convertida en empresa o empresas convertidas en administración, etc.., puede ser que todo esto no sea nuevo, sin embargo lo que sí parece serlo es la importancia que ha adquirido en Andalucía toda esta "otra administración", paralela, tanto en lo que se refiere a su proliferación en los últimos años, como sobre todo, en la progresiva asunción de funciones y competencias, que han ido creciendo en la misma medida que disminuían las propias de la Administración General. Que otro tanto haya hecho el PP en otros lugares no quita un ápice de verdad al hecho, para decepción de los amantes del “y tu más”. Ahora ya, en Andalucía, no se puede hablar de una administración sino de varias, no se puede hablar de la administración sin que inmediatamente asome la patita la otra administración, entes por doquier, algo análogo a un ambiente biológico rico y variado, donde la vida se diversifica. Diversidad de entidades, de personal, de procedimientos, de formas de actuar...

Algún tonto desinformado dirá que ese concepto de una única administración pública ya está anticuado, que los tiempos cambian, sin darse cuenta que todo eso no es en absoluto nada nuevo, no es ninguna innovación sino todo lo contrario, una involución, porque significa reeditar la supremacía de la voluntad ( de determinadas personas, grupos, partidos) frente al Derecho (impersonal y por lo tanto referenciado a la voluntad de todos y no a la de una parte de la sociedad). El diseño constitucional es mas moderno que el actual diseño clientelar de la administración paralela. Esto hay que decirlo para que se enteren los que asimilan administración con burocracia y ésta con antiguo, obsoleto, superado, etc...Lo que es antiguo es precisamente la falta de controles en la administración. Lo antiguo es crearse una administración a imagen y semejanza de mis intereses partidistas, cuando no, meramente personales y/o familiares; eso se venía haciendo mucho antes de nuestra vigente Constitución. Al siglo XIX se remonta la conocida figura del cesante, ejemplar exponente de una administración no regida por el Derecho sino por el interés del que gobierna. Antiguo es el que un político que ocupa un cargo público se las ingenie para eludir las normas con la finalidad de favorecer a amiguetes, familiares, al partido o a sí mismo. ¿O es que eso no es antiguo?. A ese plan B al que siempre han parecido aspirar las organizaciones políticas que se han encontrado frente a frente con el ejercicio del poder ahora le llaman "Agencias"; tal vez el nombre sea "moderno" pero lo que significan, su auténtica razón de ser, su finalidad y propósito, son muy, pero que muy antiguos.

Al lado de toda esta manera vetusta de actuar, el diseño constitucional de la administración es limpio, joven y terso como la piel de un bebé. Es más, apenas nació cuando ya se empezó a desvirtuar. En realidad, apenas a dado sus primeros pasos estorbado por políticos de uno y otro signo.

Nos debemos a los de fuera no a los de dentro.

Hoy día, en la administración pública de la Junta de Andalucía lo que estamos viviendo es el pasado. Antes me he referido al siglo XIX pero podríamos remontarnos mucho mas atrás, hasta hace más de 2000 años, cuando Platón en "La República" nos señala el peligro de la democracia como forma de gobierno cuando se desvirtúa a si misma: la corrupción. Todo este diseño, aparentemente moderno de la gestión de los asuntos públicos, no hace más que incidir en algo tan antiguo como lo pronosticado por Platón. Es el pasado.

El futuro, en cambio, está en construir una administración regida por la objetividad y la responsabilidad en el empleo de los recursos públicos.

El problema que tenemos los funcionarios es que estamos situados entre una ciudadanía, ajena por desinformación a todo este planteamiento y una clase política ajena por interés propio al mismo, por lo que nadie salvo nosotros puede trabajar por ese fututo.

¿Seremos capaces de hacerlo? Lo dudo. No obstante continúo con mi cantinela:

Nos debemos a los de fuera, no a los de dentro.

Tal vez si esta frasesita la tuviéramos grabada los funcionarios en la frente...a los de fuera. No a los de dentro.

Mas que nada por una cuestión de justicia distributiva o compensatoria:ya existen actualmente en la Junta de Andalucía demasiados trabajadores que SÍ SE DEBEN A LOS DE DENTRO.

LA FALSA EXCUSA DEL PARLAMENTO

Y dale con lo del Parlamento. En cuestión de pocos días he oído en varias ocasiones eso de que la jueza Alaya se está equivocando soberanamente porque está pretendiendo juzgar un asunto que ha pasado, con el visto bueno correspondiente, por el Parlamento andaluz, a través de las leyes de Presupuestos de varios años, de lo cual se derivarían dos cosas: Que la jueza, incomprensiblemente, está incurriendo en terreno vedado, cuestionar una ley cuando es el Tribunal Constitucional el único que puede hacerlo, y por otro lado, que si asi fuera tendría que inculpar a todos los miembros del Parlamento y no sólo a la Maleni o al Gobierno andaluz. Craso error.

Felipe González lo decía el otro día en un programa televisivo. Y ayer mismo lo sostenían algunos periodístas en otro programa. Pero uno y otros, pecan de desconocimiento, contentémonos por ahora con decir que se trata de ignorancia, quizás mas interesada en unos casos que en otros, y no de cinismo puro y duro. Por supuesto, no es la primera vez que lo oigo, también se lo he oído decir a personas mas cercanas, dando por supuesto que han asumido, de buena fe, la postura “oficial” del partido que gobierna en Andalucía.

Para éstos últimos, y para aquellos que sencillamente no saben un pimiento del tema y se tienen que conformar con lo grueso de las noticias de los medios de comunicación, escribo estas lineas, esperando aportar alguna cosilla para contrarrestar ese mensaje oficial falso e interesado.

Una cosa son las transferencias de financiación y otra las ayudas sociolaborales para los ERE. Las primeras son trasvases de fondos desde las Consejerías a sus entidades instrumentales adscritas (agencias, empresas, consorcios, etc..), las segundas son subvenciones o ayudas públicas a empresas privadas, ajenas a la Administración.

Ahora habría que introducir dos palabritas, que son claves para entender el asunto, la palabra “fiscalización” y la palabra “previa”. La unión de ambas nos define lo que se debe hacer cuando una Administración Pública, a la que se le ha confiado el manejo del dinero de todos los contribuyentes, de todos nosotros, decide conceder parte de ese dinero, aportado por todos, a Fulanito o a Menganito; y lo que debe hacer esa Administración, gobernada en un momento histórico concreto por un partido y unas personas concretas, es justificar rigurosamente que Fulanito o Menganito “merecen”, además con preferencia a Sutanito, recibir parte del dinero de todos. ¿Quienes son Fulanito o Menganito?, ¿Porqué ellos y no Sutanito? ¿Para qué se les concede la ayuda? ¿ El órgano administrativo que se las concede es realmente competente para ello?, ¿Que límites marca la ley para esas ayudas?, etc... y todo ello antes, si antes, de que se le llegue a entregar un sólo y mísero euro a Fulanito o a Menganito. Si después de comprobar que reúnen todos esos requisitos se les concede la subvención o ayuda, estupendo, se ha actuado correctamente conforme a Derecho.

La normativa sobre subvenciones, estatal y andaluza, imponen la utilización de este mecanismo previo de fiscalización para todas las salidas de fondos públicos cuyo objeto sea una subvención o ayuda pública. No ocurre lo mismo para las llamadas transferencias de financiación, en las que no se requiere dicho requisito. Justo hasta ahora, ya que el gobierno andaluz ha considerado conveniente introducir mas rigor en ellas, a la vista de la que está cayendo, aprobando muy recientemente una Orden al efecto. Hasta este momento, conviene insistir en ello, hasta este momento, las transferencias de financiación, al contrario de las subvenciones, se concedían sin fiscalización previa, solo era necesario justificar que existía crédito suficiente en los presupuestos para realizar esa transferencia.

Lo que sin duda pasó por el Parlamento, para que lo vieran sus señorías, eran esas transferencias de financiación, desde la Consejería hacia la entidad, primero llamada IFA, después IDEA, pero no las subvenciones o ayudas sociolaborales de los ERE en las que terminarían esos fondos. Esto es lo que no dicen, por desconocimiento o por...cada cual sabrá, ni Felipe González ni los demás. Por eso no se puede decir, y quedarse tan tranquilo, que sus señorías dieron el visto bueno a las salidas de fondos que fueron a parar a los ERE. Y ello porque las transferencias de financiación no se pueden, repito no se pueden, utilizar para subvencionar a particulares. ¿Porqué?, pues porque la figura de las transferencias de financiación sirven para financiar la actividad general o global de la entidad pública a la que se la concede, para cubrir sus desequilibrios de ingresos y gastos, pero no para que esta entidad le dé un destino específico como es una subvención o ayuda pública concreta, que requiere, como hemos dicho antes, de fiscalización previa, cosa inexistente en las entidades públicas de la llamada administración paralela. Al estar exentas de control previo, esas transferencias de financiación no pueden ser utilizadas para algo que sí requiere este control, como son las ayudas sociolaborales. Pero esto fue precisamente lo que se hizo, utilizar, desde el núcleo de la Administración, una Consejería, un mecanismo con “control débil”, las transferencias de financiación, para justificar una salida de fondos públicos que requieren un mecanismo de “control fuerte”, como son las subvenciones o ayudas sociolaborales.

El resultado es que se produjo durante un puñado de años una sangría de fondos públicos sin control, repito, sin control, lo cual no es sólo una inmoralidad sino también una ilegalidad. El dinero para IFA o IDEA se aprobaba en los presupuestos año tras año, faltaría más, ( apariencia de legalidad), ¿pero sabían los parlamentarios el destino último de ese dinero?. Es más, apurando aún más las cosas, es que aún en el supuesto de que lo supieran lo que no tenían porqué saber es que finalmente esas ayudas se iban a conceder sin los controles debidos. Es el ejecutivo el que no puede ignorar esos controles.

Por si esto fuera poco, año tras año, ese mismo fondo, el llamado “fondo de reptiles”, existente en IFA o IDEA, surtido con esas transferencias desde la Consejería de Empleo, se fue incrementando mas allá de lo aprobado en los Presupuestos, mediante modificaciones de crédito operadas desde la Consejería de Economía (Maleni), inflando aquel en la misma proporción en que eran concedidas las ayudas.

El hecho de que se terminara metiendo en los ERE a gente que trabajaban en empresas desde su mas tierna infancia, o a la suegra de algún cargo, o que se cobraran comisiones excesivas por cuatro aprovechados supuestamente de izquierdas y cosas por el estilo no es más que la espuma forclórica e intrascendente de esta historia. Lo trascendente es lo siguiente:

1. Se estaban concediendo subvenciones a empresas y particulares sin control.
2. Alguien estaba concediendo esas ayudas. No lo hacía quien constitucionalmente debía hacerlo: la Consejería de Empleo directamente, con los controles legales pertinentes, sino una empresa, pública pero empresa, no revestida de la potestad que sólo tiene la Administración Pública, ni sujeta a los controles de ésta.
3. Alguien, desde las altas instancias de las Consejerías y del Gobierno en Andalucía, decidió quién iba a conceder esas ayudas y a través de qué mecanismo.

Y ahora cabe preguntar: ¿Porqué no se tramitaron las ayudas desde la Consejería de Empleo, con los controles pertinentes? ¿Porqué desviar la tramitación hacia una entidad, la empresa pública, que curiosamente no tiene entre sus obligaciones estatutarias la de fiscalizar previamente sus entregas de fondos públicos? ¿Quién ideó esta manera de proceder? ¿Porqué? ¿Para qué?. ¿Qué propósito tiene jugar de manera tan desconsiderada con el dinero (esfuerzo) de todos, poniéndolo en peligro de malversación?. Esta serán las preguntas a las que la jueza Alaya estará intentando responder para bien de todos nosotros.

Y no se puede justificar esta manera de proceder, como hacen algunos, con el flojo argumento de que responde al deseo de evitar burocracias. Flaco favor haremos a la ciudadanía si con la excusa de desburocratizar la Administración creamos las condiciones para que se malverse el dinero público. ¿Desburocratizar es doblar la administración, crear una estructura paralela, para hacer lo que se debería hacer desde aquella, sólo que con menos control?, ¿no es, por el contrario, una mayor inseguridad jurídica lo que se consigue con esa pretendida desburocratización?.

Esto no sólo ha ocurrido en el caso de los ERE, desgraciadamente es lo que está ocurriendo de manera general y sistematizada en toda, repito en toda, la Junta de Andalucía. Se está sustituyendo la administración pública y el derecho administrativo por la gestión privada y el derecho privado. Los que mandan en la Administración desde hace ya tanto tiempo, esos que se han creído que la Junta es su cortijo, han tenido demasiado tiempo para diseñar las cosas de tal manera que prevalezca su voluntad personal, gremial y partidista, sobre la voluntad impersonal de la ley, porque el poder es mas poder si no tiene nada por encima, ni siquiera la Ley.

La jueza Alaya está hurgando justamente en las entrañas de un Régimen acostumbrado a la intocabilidad, a abierto una herida en el corazón mismo de la impostura de un partido que ha dilapidado sus ideales de honestidad con la misma alevosía con la que ha dilapidado el dinero de todos. Lo siento mucho por los simpatizantes, pero a Maleni la han pillado con el carrito del helado. A Maleni y a otros muchos. Que apechugen.

EL ARTE DE HACER LAS COSAS MAL

¿Transparencia?. Muy bien, tengamos transparencia. No es tarea fácil porque la manera de hacer las cosas en la Junta de Andalucía es complicada de explicar, antes bien, complicada incluso de ver, de seguir el rastro de algunos o muchos de los procedimientos.

La última pirueta rocambolesca guarda relación con la administración paralela, los cursos de formación, las potestades públicas, los fondos europeos y un indecente despilfarro de fondos públicos, no sólo de los nuestros sino de los del resto de europeos, que los pobres ni se enteran, lo cual no tiene nada de extraño teniendo en cuenta que tampoco nuestros compatriotas se enteran de gran cosa, a pesar de que últimamente el panorama político está poniendo a prueba la proverbial dureza de oídos de unos y otros. En una palabra, una vez más tenemos que vérnoslas con ese fantasma, el de la corrupción, que, como los de las casas encantadas, se resiste a dejarnos.

El relato de este embrollo se podría contar como un cuento, comenzando por un “erase una vez..”. Pues bien, erase una vez una Fundación llamada FAFFE, que era una entidad privada, como cualquier otra Fundación, por más que un Juez del Tribunal mas alto del País, que por lo mismo se llama Tribunal Supremo, dijera en plena crisis de profesionalidad, de imparcialidad, de honestidad y de vergüenza, que era una entidad pública y por eso sus trabajadores eran empleados públicos, confundiendo inexplicablemente Fundación del Sector Público con Entidad de Derecho Público.

Esa Entidad de Derecho Privado albergaba a un buen puñado de individuos de una casta especial existente en tierras postartésicas, los llamados enchufados. Gente muy guapa que como es lógico estaban en la Fundación “por la cara”, aunque había quien utilizaba otro apelativo para referirse a ellos, llamándolos personal “digital”, aludiendo entonces a otra parte del cuerpo, en este caso no del enchufado sino del enchufador. Llámese de una u otra manera, el denominador común de este tipo de personal es que no necesita demostrar su valía, su mérito y capacidad, para hacerse merecedor de recibir un sueldo proveniente del resto de la población, con preferencia a otros, porque, y esto también puede ser que no se entienda muy bien, aunque es una entidad privada se mantiene con dinero público y por ello aunque no sean empleados públicos, su sueldo sí lo es y por ello no deberían entrar por la cara, pero todo esto parece que se le pasó por alto a nuestro Juez del alto Tribunal. ¡Alto!, se han perdido ustedes... Respiremos un poco y continuemos.

El caso es que estos señoritos del PSOE, de UGT o de CCOO, cuñados, cuñadas, novias y novios, primos y primas sin riesgo, entraron en riesgo laboral cuando a un puñado de unos cuantos miles de exaltados y desconsiderados funcionarios les dio por protestar y luego, como quien no quiere la cosa, irse a los tribunales a poner una denuncia. ¿Habrase visto desfachatez mayor?, y todo porque nuestras autoridades, no contentos con haberlos enchufado en la susodicha Fundación, ahora los enchufaban en otro chiringuito, las llamadas Agencias, entidades extrañas donde las haya, mitad pública mitad privada, creadas quizás para dar respuesta definitiva a la pregunta filosófica que recorre perennemente nuestra piel de toro, pregunta existencial como ninguna y expuesta de manera magistral por nuestro mas excelso ejemplo de casticismo, nuestra siempre añorada Lola Flores en su inolvidable “Que cómo me la maravillaría yo...”, osea como haría yo, pareciéronse decirse los mandamases de Andalucía, para crear una entidad donde, sin dejar de ser la administración se trabaje como más suelto, como con una mayor ligereza para seguir las inclinaciones y la voluntad del sacrosanto partido, sin tantas trabas y estorbos legales, en un quiebro al Derecho a la altura de las mejores tardes de un Curro Romero. ¿Se han vuelto a perder?. Paciencia, ya queda poco.

Abreviando que es gerundio y acelerando que lo largo cansa, en honor de la transparencia habría que decir que estos señoritos, otrora de pan pringao y ahora de bien mandao, se encargaban de unos expedientes.., como diría..., poco ortodoxos, quizás algo sucios, no sé... digamos de indeseable transparencia. Pues bien, aquí entra en juego otro Juez, este de menor nivel que el anterior pero también de menor despiste que aquel, al cual le dió por decir que estos señoritos y señoritas tan guapos y guapas no podían tocar esos expedientes porque no podían llenarse las manos de una cosa que se llama “potestades públicas”.

La consecuencia de lo anterior es que esos enchufados, también llamados subrogados, o reenchufados, o abonados al enchufe, siguen cobrando un sueldo que les pagamos todos y ahora, al menos durante algún tiempo, sin tener tarea adjudicada, al menos que se sepa, osea por cruzarse de brazos. Pero, recordando a M. Ende en su “Historia Interminable” convendría decir aquello de “esa es otra historia..”.

Al margen pues de lo anterior, los expedientes padecieron un trasiego de dependencias y Consejerías hasta terminar en la de Educación, que es donde están ahora. Se trata de expedientes de Formación para el Empleo, ¿relacionados con todo el follón ese de los cursos de formación, de los dineros que han distraído algunos sindicalistas, nada, cuestión simplemente de cuatro golfos, etc...? Pues bien, ahora resulta que van a emplear a algo mas de 100 personas, distintas de los señoritos por la razón explicada, para que se ocupen de estos expedientes X, una buena parte de las cuales serán interinos contratados al efecto y pagados, según parece, con recursos del Fondo Social Europeo. Si, han leído bien.

Conclusión. Si tenemos en cuenta el dinero en sueldos que nos ha costado el trabajo de los señoritos en esos expedientes mientras estaban en la FAFFE, el dinero de sus sueldos ahora que ya no pueden meter mano ahí, pero sí más libertad para rascarse la barriga, el dinero de los sueldos de los funcionarios y laborales de la Consejería de Educación que tendrán que ocuparse ahora de ellos, el dinero de los sueldos de los interinos que se va a pagar con el FSE, y todo ello sin entrar siquiera en el más que probable desvío de fondos públicos que esos expedientes propiciaron, que no sería probable sino seguro si se trata de los mismos expedientes del último escándalo de los cursos subvencionados y no impartidos o justificados, el resultado es que el dineral invertido en esos dichosos expedientes, dejando aparte la cuestión delictiva, es un ejemplo magnífico de despilfarro y de mala, malísima gestión, que sin duda puede ser puesto a disposición de todos aquellos buitres enemigos de lo público que pululan por doquier, como argumento, de cara a la desinformada ciudadanía, de la ineficacia de la Administración Pública y la conveniencia de privatizar su gestión cada vez más, etc.... De esta manera, el círculo se cerraría y lo que constituye el origen del problema, permitir que una entidad privada meta mano en los asuntos públicos, se convertiría, por arte de birlibirloque, en la solución. Es la paradoja perfecta. De quitarse el sombreo oye. Porque, aunque no sea esto lo que se ha hecho en el caso de estos expedientes, puesto que han vuelto a manos de la Administración Pública, lo que trasciende a la opinión pública es que es ésta, llena como está de privilegiados funcionarios, la que no funciona como es debido, y no la parte privada, enchufada, laboral y desprofesionalizada espúreamente inoculada como un virus en aquella.

¡ Os traigo el veneno y el antidoto, todo en uno !. ¿Maquiavélico?. No. No subestimemos al genio de la astucia. Tal vez no sea necesaria mucha dosis de ésta cuando aquellos a los que tienes que convencer te miran ya, antes de que empieces a hablar, con los ojos cubiertos por una película vidriosa, fruto de la biológica satisfacción producida por el alimento previamente repartido, y te dicen beeeeee al final del mitin.

LEGALIGAD Y EFICACIA: LA FALSA DISPUTA

No es verdad que una administración pública respetuosa de la legalidad tenga por fuerza que ser ineficaz. Este es un argumento interesado que aparece de forma mas o menos velada desde hace ya algunos años. Existen muchas personas interesadas en divulgar esta idea en nuestro país y, como no, también en Andalucía. Y que decir de esa especie de perversa seducción que el mundo de la gestión privada ejerce en gran parte de los dirigentes de la Administración, y como no, de la Administración en Andalucía. Porque ese es el trasfondo de la falsa disputa legalidad-eficacia.

La derecha neoliberal ya sabemos que está por la labor de privatizar, de llevar a su terreno, al del mundo de la empresa, parcelas de lo público, porque encuentra en "lo público" oportunidades de negocio para sus sustentadores principales y/o votantes.... Esto está en la linea de los planteamientos sociopoliticos y económicos del liberalismo o neoliberalismo, pero lo que resulta más chocante es que desde la izquierda se secunde este tipo de planteamientos.

El PSOE de Andalucía ha venido implícita y explícitamente desarrollando este planteamiento desde los inicios de la Autonomía. A estas alturas ha logrado crear una administración paralela que supone una concesión al mundo de la gestión privada. En particular al entorno amigo y clientelar de la gestión privada. La privatización practicada por el PSOE en Andalucía es mas perversa que la practicada por gobiernos de derecha como el actual del PP. La derecha privatiza o intenta privatizar servicios públicos, cierto. Vende o intenta vender instituciones prestadoras de servicios públicos. Su privatización es pura y dura. Pasa a manos privadas la titularidad de determinado servicio y con ello, por supuesto, la gestión del mismo. Mal, muy mal. La izquierda, en Andalucia, PSOE e IU, critican ( con toda la razón) esa privatización pretendida por la derecha. Sin embargo la izquierda que acusa a la derecha de privatizar, privatiza mientras tanto la gestión de los servicios públicos. Y no de un servicio cualquiera, como barrer calles, sino de servicios como la contratación de infraestructuras y equipos educativos de utilización pública o las inspecciones medioambientales, por citar sólo dos ejemplos. Se podrá decir, sí pero ese servicio sigue siendo de titularidad pública. Y entonces habría que pensar si no es más perverso esto último, pues hace que una institución pública se administre como una privada, con el dinero de todos. Al fin y al cabo en la otra privatización, la de la titularidad, hablamos de dinero privado, tanto en lo que se refiere a las ganancias como a las pérdidas, mientras que en el otro caso en realidad hablamos de un seudoempresario (la clase dirigente—partido) que reinvierte en sí mismo las ganancias pero socializa las pérdidas. De esto último sabemos algo los funcionarios andaluces. Me parece mas indecente convertirse en empresario con dinero de todos. Y esto es precisamente lo que se ha venido haciendo aquí.

Es patético el acercamiento de los que mandan en nuestra administración al mundo de la gestión privada. Hace pocos años comenzaron a ponerse de moda dentro del ámbito de la administración de la Junta los cursos sobre "calidad". Yo fui a uno de ellos. Vi cómo el personal que impartía los cursos, personal de la administración, hablaba con vergonzosa admiración de un ejecutivo procedente de la empresa privada que había sido "fichado" por la administración, y nos había beneficiado a todos trayendonos la bienaventurada nueva de la calidad y de la gestión por procesos. Al final todo se reducía a reducir, valga la redundancia, los tiempos y plazos de los procedimientos. En ese mismo curso nos pusieron un video en el que salía Obama con su famoso "Podemos". Nos dijeron que los ciudadanos eran clientes ( se me ocurrió objetar que eran unos clientes muy particulares ya que no podían acudir a la competencia si no estaban satisfechos con el servicio prestado por la administración y me respondió uno de estos nuevos conversos a lo privado que nada de eso, que para eso estaban las agencias..¿?).Pero lo mejor de todo fueron dos palabritas-mantras procedentes también del mundo privado: MISIÓN Y VISIÓN. A que suena como a religioso. Estos son dos conceptos-chorradas del tan anhelado, por nuestros papanatas políticos y político-gestores, mundo de la empresa privada. Ahora toda organización debe tener una misión y una visión. Y como no, estos lumbreras que dirigen nuestra pobre Junta de Andalucía, han descubierto que también ésta debe tener su misión y su visión. Como si éstas no estuvieran ya mas que establecidas en la Constitución y en el Derecho Administrativo.

La cuestión es que la "misión" de los dirigentes de nuestra administración es engañarnos a todos con la supuesta falta de eficacia y agilidad de la Administración pública. De esta manera, la creación de una administración paralela que duplica órganos y recursos y que produce el vaciamiento de funciones y la desfuncionarización de los puestos de trabajo en la administración general, que prescinde del derecho administrativo, y por tanto de todo un sistema de control en el manejo de los asuntos y del dinero público, se justifica esgrimiendo el fantasma de la burocracia, lenta e ineficaz, de la administración tradicional. Se sacrifica la legalidad por la eficacia. Peor aún, la legalidad por una falsa eficacia. Pues si nunca estaría justificado, en un Estado de derecho, el sacrificio de la legalidad en aras de la eficacia o de la agilidad, menos todavía cuando esa eficacia o agilidad no son tales. ¿Se ha hecho algún análisis, evaluación o estudio serio que haya valorado positivamente esa supuesta eficacia de la administración instrumental de la Junta de Andalucía?. Para lo que sin duda no hace falta ningún estudio es para concluir que ha sido muy eficaz para una innumerable legión de corruptos.

Es justamente desde el ámbito del propio Derecho Administrativo desde el que se han hecho esfuerzos por dotar de eficacia y agilidad a la Administración tradicional en un intento de superar, sin prescindir de la legalidad, los defectos de la denostada burocracia. Leyes como la 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, supusieron incidir claramente sobre ello. Si a esto unimos la realidad de la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en las administraciones, el ideal de conciliar legalidad y agilidad no parecería tan lejano como nos quiere hacer pensar la interesada clase política. Los que trabajamos en la administración sabemos que a los políticos que dirigen la Junta de Andalucía no les interesa la eficacia ni la agilidad, para ellos lo eficaz y ágil es saltarse la legalidad ( los controles administrativos, fiscalizadores) para poder operar al margen del interés general, pues para ellos éste no es otro que el interés particular y partidista de su linea política, sindical y social.

Ellos sí han aprendido la lección de la eficacia y la agilidad, pero no para prestar un mejor servicio a los ciudadanos, sino para crear una administración a imagen y semejanza de sus auténticas intenciones e intereses. Una administración sistémicamente corrupta porque pervierte la esencia de su "misión", que está claramente definida en la Constitución : servir con objetividad e imparcialidad los intereses generales; para lo que no hace falta encontrar ni perseguir ninguna "visión". Simplemente basta con "ver" la Constitución. O quizás atenerse a la recomendación de San Agustín en sus Confesiones: "Pero consultada la justicia, pensó mejor su decisión y juzgó más útil la equidad, que se lo prohibía, que el poder, que se lo permitía."

 BREVE VISTAZO AL SUPREMO

Es penoso ponerse a ver la Sentencia del Supremo sobre los antiguos trabajadores de la FAFFE. Dicen los “señores del Supremo”, Dios nos coja confesados, que los Faffes eran ya empleados públicos con anterioridad a la ley del enchufismo y al Decreto de aprobación de los Estatutos del SAE, etc.... Por cierto los señores del Supremo parecen desconocer que el Servicio Andaluz de Empleo es el SAE y no el “ASAE”, como se dice reiteradamente en la Sentencia.

En la página 10 de la infame Sentencia se lee: “Insiste (se refiere al Ministerio Fiscal) en que el personal cuestionado ya tenía la condición de empleado público, ya estaba sujeto al Estatuto Básico del Empleado Püblico antes de que se aprobara la Ley 1/2011 y se dictara el Decreto 96/2011.”

MENTIRA.

El artículo 52.1.b de la L.A.J.A. señala a las Fundaciones del sector público andaluz como “entes instrumentales privados”.

El 52.3 es todavía mas claro al decir que las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público andaluz tienen personalidad jurídica privada.

El artículo 2.1 del E.B.E.P., al definir el ámbito de aplicación incluye en el concepto de Administración Pública a los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. Es decir, deja fuera del ámbito de aplicación del E.B.E.P. , y por tanto de la consideración de “administración pública”, a las entidades de derecho privado, como serían, según la L.A.J.A., las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público.

A continuación, el mismo E.B.E.P, en su artículo 8, dice que “son empleados públicos quienes desempeñen funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.”

La Sentencia, en su página 15, insiste en que La FAFFE y los Consorcios UTEDLT eran entes de derecho público. Puede que los Consorcios si lo fueran, no estoy seguro, aunque sería muy fácil comprobarlo, pero en cualquier caso no la FAFFE, ya que ésta era una Fundación del sector público andaluz.

Además, señala la Sentencia en la misma página, que ya tenían la condición de empleados públicos “porque así resulta de los artículos 2.1, 8.1 c) y de la disposición adicional primera del Estatuto Básico del Empleado Público”.

El artículo 2.1 ya se ha comentado. Solo cabe pensar que el Tribunal considera a las Fundaciones del sector público andaluz como entidades de derecho público, ignorando lo que dice la LAJA..

El 8.1 c) sencillamente no existe. Se querrá referir el altísimo tribunal al 8.2 c) que cita al personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. Muy bien, y qué. Personal laboral de entidades definidas por el art. 2.1 como administraciones públicas, no personal laboral de entidades no incluidas en el mismo.

En cuanto a la disposición adicional primera del EBEP, resulta bochornosamente forzado el hecho de pretender afianzar el argumento de la consideración de empleados públicos recurriendo a un artículo que precisamente lo que hace es señalar algunos preceptos ( de principios éticos y código de conductas) que se aplicarán también a entidades del sector público que quedan fuera del ámbito de aplicación del EBEP. Es decir se trata de una excepción, relativa a la aplicación de dichos preceptos a quienes no son propiamente “empleados públicos”, justamente porque si lo fueran no sería necesaria la tal disposición adicional primera.

En fin, no he hecho un análisis exhaustivo de la Sentencia, entre otras cosas porque no soy experto en Derecho, sólo me he fijado en los detalles que he descrito y no alcanzo a comprender como puede el Supremo afirmar que se trata de entidades de derecho público y de empleados públicos. O tal vez es que yo no vea algún matiz importante. Si hay alguien que advierta lo que yo no veo, desearía me ayudara a salir de mi error.

Sinceramente prefiero estar en un error, del que siempre existe la posibilidad de salir.

La otra alternativa, la de que yo no esté equivocado, es realmente preocupante. ¿Un Tribunal incurriendo en falsedades notorias?, ¿ La Justicia siendo selectivamente ciega?, ¿La política metida en las tripas de la Justicia?.

Pues claro, todo esto y más. Ya lo sabemos.

Por favor, que alguien me diga que estoy equivocado.