A LOS DE FUERA

Nos debemos a los fuera, no a los de dentro.

Los funcionarios de la Junta de Andalucía tenemos un deber, de esos que se denominan “inexcusable” que consiste en denunciar ante la opinión pública lo que ocurre en la administración puertas adentro. Y ello por varias razones. En primer lugar porque nuestro contrato es con los de fuera, con los ciudadanos, no con los de dentro, con los que deciden qué hacer y cómo hacer en la administración. En segundo lugar, por mantener a flote nuestra dignidad de profesionales y en tercer lugar porque esta gente, los que deciden, está abusando de una administración que no les pertenece.

El PSOE ha conseguido desvirtuar la administración de tal manera que hoy en día hablar de Administración Pública exige ir introduciendo matices, devanando conceptos jurídicos, estableciendo diferencias, delimitando naturalezas, y desbrozando equívocos para terminar redundando en explicaciones algo confusas que no obstante remiten a una única evidencia: la reedición moderna del viejo "divide y vencerás", reconvertido en "confunde y vencerás". Administración General, Administración Instrumental, Entidades de Derecho Público, Entidades híbridas de Derecho Público pero con gestión unas veces pública y otras privada, Entidades privadas pero que actúan como si fueran públicas, la administración convertida en empresa o empresas convertidas en administración, etc.., puede ser que todo esto no sea nuevo, sin embargo lo que sí parece serlo es la importancia que ha adquirido en Andalucía toda esta "otra administración", paralela, tanto en lo que se refiere a su proliferación en los últimos años, como sobre todo, en la progresiva asunción de funciones y competencias, que han ido creciendo en la misma medida que disminuían las propias de la Administración General. Que otro tanto haya hecho el PP en otros lugares no quita un ápice de verdad al hecho, para decepción de los amantes del “y tu más”. Ahora ya, en Andalucía, no se puede hablar de una administración sino de varias, no se puede hablar de la administración sin que inmediatamente asome la patita la otra administración, entes por doquier, algo análogo a un ambiente biológico rico y variado, donde la vida se diversifica. Diversidad de entidades, de personal, de procedimientos, de formas de actuar...

Algún tonto desinformado dirá que ese concepto de una única administración pública ya está anticuado, que los tiempos cambian, sin darse cuenta que todo eso no es en absoluto nada nuevo, no es ninguna innovación sino todo lo contrario, una involución, porque significa reeditar la supremacía de la voluntad ( de determinadas personas, grupos, partidos) frente al Derecho (impersonal y por lo tanto referenciado a la voluntad de todos y no a la de una parte de la sociedad). El diseño constitucional es mas moderno que el actual diseño clientelar de la administración paralela. Esto hay que decirlo para que se enteren los que asimilan administración con burocracia y ésta con antiguo, obsoleto, superado, etc...Lo que es antiguo es precisamente la falta de controles en la administración. Lo antiguo es crearse una administración a imagen y semejanza de mis intereses partidistas, cuando no, meramente personales y/o familiares; eso se venía haciendo mucho antes de nuestra vigente Constitución. Al siglo XIX se remonta la conocida figura del cesante, ejemplar exponente de una administración no regida por el Derecho sino por el interés del que gobierna. Antiguo es el que un político que ocupa un cargo público se las ingenie para eludir las normas con la finalidad de favorecer a amiguetes, familiares, al partido o a sí mismo. ¿O es que eso no es antiguo?. A ese plan B al que siempre han parecido aspirar las organizaciones políticas que se han encontrado frente a frente con el ejercicio del poder ahora le llaman "Agencias"; tal vez el nombre sea "moderno" pero lo que significan, su auténtica razón de ser, su finalidad y propósito, son muy, pero que muy antiguos.

Al lado de toda esta manera vetusta de actuar, el diseño constitucional de la administración es limpio, joven y terso como la piel de un bebé. Es más, apenas nació cuando ya se empezó a desvirtuar. En realidad, apenas a dado sus primeros pasos estorbado por políticos de uno y otro signo.

Nos debemos a los de fuera no a los de dentro.

Hoy día, en la administración pública de la Junta de Andalucía lo que estamos viviendo es el pasado. Antes me he referido al siglo XIX pero podríamos remontarnos mucho mas atrás, hasta hace más de 2000 años, cuando Platón en "La República" nos señala el peligro de la democracia como forma de gobierno cuando se desvirtúa a si misma: la corrupción. Todo este diseño, aparentemente moderno de la gestión de los asuntos públicos, no hace más que incidir en algo tan antiguo como lo pronosticado por Platón. Es el pasado.

El futuro, en cambio, está en construir una administración regida por la objetividad y la responsabilidad en el empleo de los recursos públicos.

El problema que tenemos los funcionarios es que estamos situados entre una ciudadanía, ajena por desinformación a todo este planteamiento y una clase política ajena por interés propio al mismo, por lo que nadie salvo nosotros puede trabajar por ese fututo.

¿Seremos capaces de hacerlo? Lo dudo. No obstante continúo con mi cantinela:

Nos debemos a los de fuera, no a los de dentro.

Tal vez si esta frasesita la tuviéramos grabada los funcionarios en la frente...a los de fuera. No a los de dentro.

Mas que nada por una cuestión de justicia distributiva o compensatoria:ya existen actualmente en la Junta de Andalucía demasiados trabajadores que SÍ SE DEBEN A LOS DE DENTRO.

LA FALSA EXCUSA DEL PARLAMENTO

Y dale con lo del Parlamento. En cuestión de pocos días he oído en varias ocasiones eso de que la jueza Alaya se está equivocando soberanamente porque está pretendiendo juzgar un asunto que ha pasado, con el visto bueno correspondiente, por el Parlamento andaluz, a través de las leyes de Presupuestos de varios años, de lo cual se derivarían dos cosas: Que la jueza, incomprensiblemente, está incurriendo en terreno vedado, cuestionar una ley cuando es el Tribunal Constitucional el único que puede hacerlo, y por otro lado, que si asi fuera tendría que inculpar a todos los miembros del Parlamento y no sólo a la Maleni o al Gobierno andaluz. Craso error.

Felipe González lo decía el otro día en un programa televisivo. Y ayer mismo lo sostenían algunos periodístas en otro programa. Pero uno y otros, pecan de desconocimiento, contentémonos por ahora con decir que se trata de ignorancia, quizás mas interesada en unos casos que en otros, y no de cinismo puro y duro. Por supuesto, no es la primera vez que lo oigo, también se lo he oído decir a personas mas cercanas, dando por supuesto que han asumido, de buena fe, la postura “oficial” del partido que gobierna en Andalucía.

Para éstos últimos, y para aquellos que sencillamente no saben un pimiento del tema y se tienen que conformar con lo grueso de las noticias de los medios de comunicación, escribo estas lineas, esperando aportar alguna cosilla para contrarrestar ese mensaje oficial falso e interesado.

Una cosa son las transferencias de financiación y otra las ayudas sociolaborales para los ERE. Las primeras son trasvases de fondos desde las Consejerías a sus entidades instrumentales adscritas (agencias, empresas, consorcios, etc..), las segundas son subvenciones o ayudas públicas a empresas privadas, ajenas a la Administración.

Ahora habría que introducir dos palabritas, que son claves para entender el asunto, la palabra “fiscalización” y la palabra “previa”. La unión de ambas nos define lo que se debe hacer cuando una Administración Pública, a la que se le ha confiado el manejo del dinero de todos los contribuyentes, de todos nosotros, decide conceder parte de ese dinero, aportado por todos, a Fulanito o a Menganito; y lo que debe hacer esa Administración, gobernada en un momento histórico concreto por un partido y unas personas concretas, es justificar rigurosamente que Fulanito o Menganito “merecen”, además con preferencia a Sutanito, recibir parte del dinero de todos. ¿Quienes son Fulanito o Menganito?, ¿Porqué ellos y no Sutanito? ¿Para qué se les concede la ayuda? ¿ El órgano administrativo que se las concede es realmente competente para ello?, ¿Que límites marca la ley para esas ayudas?, etc... y todo ello antes, si antes, de que se le llegue a entregar un sólo y mísero euro a Fulanito o a Menganito. Si después de comprobar que reúnen todos esos requisitos se les concede la subvención o ayuda, estupendo, se ha actuado correctamente conforme a Derecho.

La normativa sobre subvenciones, estatal y andaluza, imponen la utilización de este mecanismo previo de fiscalización para todas las salidas de fondos públicos cuyo objeto sea una subvención o ayuda pública. No ocurre lo mismo para las llamadas transferencias de financiación, en las que no se requiere dicho requisito. Justo hasta ahora, ya que el gobierno andaluz ha considerado conveniente introducir mas rigor en ellas, a la vista de la que está cayendo, aprobando muy recientemente una Orden al efecto. Hasta este momento, conviene insistir en ello, hasta este momento, las transferencias de financiación, al contrario de las subvenciones, se concedían sin fiscalización previa, solo era necesario justificar que existía crédito suficiente en los presupuestos para realizar esa transferencia.

Lo que sin duda pasó por el Parlamento, para que lo vieran sus señorías, eran esas transferencias de financiación, desde la Consejería hacia la entidad, primero llamada IFA, después IDEA, pero no las subvenciones o ayudas sociolaborales de los ERE en las que terminarían esos fondos. Esto es lo que no dicen, por desconocimiento o por...cada cual sabrá, ni Felipe González ni los demás. Por eso no se puede decir, y quedarse tan tranquilo, que sus señorías dieron el visto bueno a las salidas de fondos que fueron a parar a los ERE. Y ello porque las transferencias de financiación no se pueden, repito no se pueden, utilizar para subvencionar a particulares. ¿Porqué?, pues porque la figura de las transferencias de financiación sirven para financiar la actividad general o global de la entidad pública a la que se la concede, para cubrir sus desequilibrios de ingresos y gastos, pero no para que esta entidad le dé un destino específico como es una subvención o ayuda pública concreta, que requiere, como hemos dicho antes, de fiscalización previa, cosa inexistente en las entidades públicas de la llamada administración paralela. Al estar exentas de control previo, esas transferencias de financiación no pueden ser utilizadas para algo que sí requiere este control, como son las ayudas sociolaborales. Pero esto fue precisamente lo que se hizo, utilizar, desde el núcleo de la Administración, una Consejería, un mecanismo con “control débil”, las transferencias de financiación, para justificar una salida de fondos públicos que requieren un mecanismo de “control fuerte”, como son las subvenciones o ayudas sociolaborales.

El resultado es que se produjo durante un puñado de años una sangría de fondos públicos sin control, repito, sin control, lo cual no es sólo una inmoralidad sino también una ilegalidad. El dinero para IFA o IDEA se aprobaba en los presupuestos año tras año, faltaría más, ( apariencia de legalidad), ¿pero sabían los parlamentarios el destino último de ese dinero?. Es más, apurando aún más las cosas, es que aún en el supuesto de que lo supieran lo que no tenían porqué saber es que finalmente esas ayudas se iban a conceder sin los controles debidos. Es el ejecutivo el que no puede ignorar esos controles.

Por si esto fuera poco, año tras año, ese mismo fondo, el llamado “fondo de reptiles”, existente en IFA o IDEA, surtido con esas transferencias desde la Consejería de Empleo, se fue incrementando mas allá de lo aprobado en los Presupuestos, mediante modificaciones de crédito operadas desde la Consejería de Economía (Maleni), inflando aquel en la misma proporción en que eran concedidas las ayudas.

El hecho de que se terminara metiendo en los ERE a gente que trabajaban en empresas desde su mas tierna infancia, o a la suegra de algún cargo, o que se cobraran comisiones excesivas por cuatro aprovechados supuestamente de izquierdas y cosas por el estilo no es más que la espuma forclórica e intrascendente de esta historia. Lo trascendente es lo siguiente:

1. Se estaban concediendo subvenciones a empresas y particulares sin control.
2. Alguien estaba concediendo esas ayudas. No lo hacía quien constitucionalmente debía hacerlo: la Consejería de Empleo directamente, con los controles legales pertinentes, sino una empresa, pública pero empresa, no revestida de la potestad que sólo tiene la Administración Pública, ni sujeta a los controles de ésta.
3. Alguien, desde las altas instancias de las Consejerías y del Gobierno en Andalucía, decidió quién iba a conceder esas ayudas y a través de qué mecanismo.

Y ahora cabe preguntar: ¿Porqué no se tramitaron las ayudas desde la Consejería de Empleo, con los controles pertinentes? ¿Porqué desviar la tramitación hacia una entidad, la empresa pública, que curiosamente no tiene entre sus obligaciones estatutarias la de fiscalizar previamente sus entregas de fondos públicos? ¿Quién ideó esta manera de proceder? ¿Porqué? ¿Para qué?. ¿Qué propósito tiene jugar de manera tan desconsiderada con el dinero (esfuerzo) de todos, poniéndolo en peligro de malversación?. Esta serán las preguntas a las que la jueza Alaya estará intentando responder para bien de todos nosotros.

Y no se puede justificar esta manera de proceder, como hacen algunos, con el flojo argumento de que responde al deseo de evitar burocracias. Flaco favor haremos a la ciudadanía si con la excusa de desburocratizar la Administración creamos las condiciones para que se malverse el dinero público. ¿Desburocratizar es doblar la administración, crear una estructura paralela, para hacer lo que se debería hacer desde aquella, sólo que con menos control?, ¿no es, por el contrario, una mayor inseguridad jurídica lo que se consigue con esa pretendida desburocratización?.

Esto no sólo ha ocurrido en el caso de los ERE, desgraciadamente es lo que está ocurriendo de manera general y sistematizada en toda, repito en toda, la Junta de Andalucía. Se está sustituyendo la administración pública y el derecho administrativo por la gestión privada y el derecho privado. Los que mandan en la Administración desde hace ya tanto tiempo, esos que se han creído que la Junta es su cortijo, han tenido demasiado tiempo para diseñar las cosas de tal manera que prevalezca su voluntad personal, gremial y partidista, sobre la voluntad impersonal de la ley, porque el poder es mas poder si no tiene nada por encima, ni siquiera la Ley.

La jueza Alaya está hurgando justamente en las entrañas de un Régimen acostumbrado a la intocabilidad, a abierto una herida en el corazón mismo de la impostura de un partido que ha dilapidado sus ideales de honestidad con la misma alevosía con la que ha dilapidado el dinero de todos. Lo siento mucho por los simpatizantes, pero a Maleni la han pillado con el carrito del helado. A Maleni y a otros muchos. Que apechugen.

EL ARTE DE HACER LAS COSAS MAL

¿Transparencia?. Muy bien, tengamos transparencia. No es tarea fácil porque la manera de hacer las cosas en la Junta de Andalucía es complicada de explicar, antes bien, complicada incluso de ver, de seguir el rastro de algunos o muchos de los procedimientos.

La última pirueta rocambolesca guarda relación con la administración paralela, los cursos de formación, las potestades públicas, los fondos europeos y un indecente despilfarro de fondos públicos, no sólo de los nuestros sino de los del resto de europeos, que los pobres ni se enteran, lo cual no tiene nada de extraño teniendo en cuenta que tampoco nuestros compatriotas se enteran de gran cosa, a pesar de que últimamente el panorama político está poniendo a prueba la proverbial dureza de oídos de unos y otros. En una palabra, una vez más tenemos que vérnoslas con ese fantasma, el de la corrupción, que, como los de las casas encantadas, se resiste a dejarnos.

El relato de este embrollo se podría contar como un cuento, comenzando por un “erase una vez..”. Pues bien, erase una vez una Fundación llamada FAFFE, que era una entidad privada, como cualquier otra Fundación, por más que un Juez del Tribunal mas alto del País, que por lo mismo se llama Tribunal Supremo, dijera en plena crisis de profesionalidad, de imparcialidad, de honestidad y de vergüenza, que era una entidad pública y por eso sus trabajadores eran empleados públicos, confundiendo inexplicablemente Fundación del Sector Público con Entidad de Derecho Público.

Esa Entidad de Derecho Privado albergaba a un buen puñado de individuos de una casta especial existente en tierras postartésicas, los llamados enchufados. Gente muy guapa que como es lógico estaban en la Fundación “por la cara”, aunque había quien utilizaba otro apelativo para referirse a ellos, llamándolos personal “digital”, aludiendo entonces a otra parte del cuerpo, en este caso no del enchufado sino del enchufador. Llámese de una u otra manera, el denominador común de este tipo de personal es que no necesita demostrar su valía, su mérito y capacidad, para hacerse merecedor de recibir un sueldo proveniente del resto de la población, con preferencia a otros, porque, y esto también puede ser que no se entienda muy bien, aunque es una entidad privada se mantiene con dinero público y por ello aunque no sean empleados públicos, su sueldo sí lo es y por ello no deberían entrar por la cara, pero todo esto parece que se le pasó por alto a nuestro Juez del alto Tribunal. ¡Alto!, se han perdido ustedes... Respiremos un poco y continuemos.

El caso es que estos señoritos del PSOE, de UGT o de CCOO, cuñados, cuñadas, novias y novios, primos y primas sin riesgo, entraron en riesgo laboral cuando a un puñado de unos cuantos miles de exaltados y desconsiderados funcionarios les dio por protestar y luego, como quien no quiere la cosa, irse a los tribunales a poner una denuncia. ¿Habrase visto desfachatez mayor?, y todo porque nuestras autoridades, no contentos con haberlos enchufado en la susodicha Fundación, ahora los enchufaban en otro chiringuito, las llamadas Agencias, entidades extrañas donde las haya, mitad pública mitad privada, creadas quizás para dar respuesta definitiva a la pregunta filosófica que recorre perennemente nuestra piel de toro, pregunta existencial como ninguna y expuesta de manera magistral por nuestro mas excelso ejemplo de casticismo, nuestra siempre añorada Lola Flores en su inolvidable “Que cómo me la maravillaría yo...”, osea como haría yo, pareciéronse decirse los mandamases de Andalucía, para crear una entidad donde, sin dejar de ser la administración se trabaje como más suelto, como con una mayor ligereza para seguir las inclinaciones y la voluntad del sacrosanto partido, sin tantas trabas y estorbos legales, en un quiebro al Derecho a la altura de las mejores tardes de un Curro Romero. ¿Se han vuelto a perder?. Paciencia, ya queda poco.

Abreviando que es gerundio y acelerando que lo largo cansa, en honor de la transparencia habría que decir que estos señoritos, otrora de pan pringao y ahora de bien mandao, se encargaban de unos expedientes.., como diría..., poco ortodoxos, quizás algo sucios, no sé... digamos de indeseable transparencia. Pues bien, aquí entra en juego otro Juez, este de menor nivel que el anterior pero también de menor despiste que aquel, al cual le dió por decir que estos señoritos y señoritas tan guapos y guapas no podían tocar esos expedientes porque no podían llenarse las manos de una cosa que se llama “potestades públicas”.

La consecuencia de lo anterior es que esos enchufados, también llamados subrogados, o reenchufados, o abonados al enchufe, siguen cobrando un sueldo que les pagamos todos y ahora, al menos durante algún tiempo, sin tener tarea adjudicada, al menos que se sepa, osea por cruzarse de brazos. Pero, recordando a M. Ende en su “Historia Interminable” convendría decir aquello de “esa es otra historia..”.

Al margen pues de lo anterior, los expedientes padecieron un trasiego de dependencias y Consejerías hasta terminar en la de Educación, que es donde están ahora. Se trata de expedientes de Formación para el Empleo, ¿relacionados con todo el follón ese de los cursos de formación, de los dineros que han distraído algunos sindicalistas, nada, cuestión simplemente de cuatro golfos, etc...? Pues bien, ahora resulta que van a emplear a algo mas de 100 personas, distintas de los señoritos por la razón explicada, para que se ocupen de estos expedientes X, una buena parte de las cuales serán interinos contratados al efecto y pagados, según parece, con recursos del Fondo Social Europeo. Si, han leído bien.

Conclusión. Si tenemos en cuenta el dinero en sueldos que nos ha costado el trabajo de los señoritos en esos expedientes mientras estaban en la FAFFE, el dinero de sus sueldos ahora que ya no pueden meter mano ahí, pero sí más libertad para rascarse la barriga, el dinero de los sueldos de los funcionarios y laborales de la Consejería de Educación que tendrán que ocuparse ahora de ellos, el dinero de los sueldos de los interinos que se va a pagar con el FSE, y todo ello sin entrar siquiera en el más que probable desvío de fondos públicos que esos expedientes propiciaron, que no sería probable sino seguro si se trata de los mismos expedientes del último escándalo de los cursos subvencionados y no impartidos o justificados, el resultado es que el dineral invertido en esos dichosos expedientes, dejando aparte la cuestión delictiva, es un ejemplo magnífico de despilfarro y de mala, malísima gestión, que sin duda puede ser puesto a disposición de todos aquellos buitres enemigos de lo público que pululan por doquier, como argumento, de cara a la desinformada ciudadanía, de la ineficacia de la Administración Pública y la conveniencia de privatizar su gestión cada vez más, etc.... De esta manera, el círculo se cerraría y lo que constituye el origen del problema, permitir que una entidad privada meta mano en los asuntos públicos, se convertiría, por arte de birlibirloque, en la solución. Es la paradoja perfecta. De quitarse el sombreo oye. Porque, aunque no sea esto lo que se ha hecho en el caso de estos expedientes, puesto que han vuelto a manos de la Administración Pública, lo que trasciende a la opinión pública es que es ésta, llena como está de privilegiados funcionarios, la que no funciona como es debido, y no la parte privada, enchufada, laboral y desprofesionalizada espúreamente inoculada como un virus en aquella.

¡ Os traigo el veneno y el antidoto, todo en uno !. ¿Maquiavélico?. No. No subestimemos al genio de la astucia. Tal vez no sea necesaria mucha dosis de ésta cuando aquellos a los que tienes que convencer te miran ya, antes de que empieces a hablar, con los ojos cubiertos por una película vidriosa, fruto de la biológica satisfacción producida por el alimento previamente repartido, y te dicen beeeeee al final del mitin.

LEGALIGAD Y EFICACIA: LA FALSA DISPUTA

No es verdad que una administración pública respetuosa de la legalidad tenga por fuerza que ser ineficaz. Este es un argumento interesado que aparece de forma mas o menos velada desde hace ya algunos años. Existen muchas personas interesadas en divulgar esta idea en nuestro país y, como no, también en Andalucía. Y que decir de esa especie de perversa seducción que el mundo de la gestión privada ejerce en gran parte de los dirigentes de la Administración, y como no, de la Administración en Andalucía. Porque ese es el trasfondo de la falsa disputa legalidad-eficacia.

La derecha neoliberal ya sabemos que está por la labor de privatizar, de llevar a su terreno, al del mundo de la empresa, parcelas de lo público, porque encuentra en "lo público" oportunidades de negocio para sus sustentadores principales y/o votantes.... Esto está en la linea de los planteamientos sociopoliticos y económicos del liberalismo o neoliberalismo, pero lo que resulta más chocante es que desde la izquierda se secunde este tipo de planteamientos.

El PSOE de Andalucía ha venido implícita y explícitamente desarrollando este planteamiento desde los inicios de la Autonomía. A estas alturas ha logrado crear una administración paralela que supone una concesión al mundo de la gestión privada. En particular al entorno amigo y clientelar de la gestión privada. La privatización practicada por el PSOE en Andalucía es mas perversa que la practicada por gobiernos de derecha como el actual del PP. La derecha privatiza o intenta privatizar servicios públicos, cierto. Vende o intenta vender instituciones prestadoras de servicios públicos. Su privatización es pura y dura. Pasa a manos privadas la titularidad de determinado servicio y con ello, por supuesto, la gestión del mismo. Mal, muy mal. La izquierda, en Andalucia, PSOE e IU, critican ( con toda la razón) esa privatización pretendida por la derecha. Sin embargo la izquierda que acusa a la derecha de privatizar, privatiza mientras tanto la gestión de los servicios públicos. Y no de un servicio cualquiera, como barrer calles, sino de servicios como la contratación de infraestructuras y equipos educativos de utilización pública o las inspecciones medioambientales, por citar sólo dos ejemplos. Se podrá decir, sí pero ese servicio sigue siendo de titularidad pública. Y entonces habría que pensar si no es más perverso esto último, pues hace que una institución pública se administre como una privada, con el dinero de todos. Al fin y al cabo en la otra privatización, la de la titularidad, hablamos de dinero privado, tanto en lo que se refiere a las ganancias como a las pérdidas, mientras que en el otro caso en realidad hablamos de un seudoempresario (la clase dirigente—partido) que reinvierte en sí mismo las ganancias pero socializa las pérdidas. De esto último sabemos algo los funcionarios andaluces. Me parece mas indecente convertirse en empresario con dinero de todos. Y esto es precisamente lo que se ha venido haciendo aquí.

Es patético el acercamiento de los que mandan en nuestra administración al mundo de la gestión privada. Hace pocos años comenzaron a ponerse de moda dentro del ámbito de la administración de la Junta los cursos sobre "calidad". Yo fui a uno de ellos. Vi cómo el personal que impartía los cursos, personal de la administración, hablaba con vergonzosa admiración de un ejecutivo procedente de la empresa privada que había sido "fichado" por la administración, y nos había beneficiado a todos trayendonos la bienaventurada nueva de la calidad y de la gestión por procesos. Al final todo se reducía a reducir, valga la redundancia, los tiempos y plazos de los procedimientos. En ese mismo curso nos pusieron un video en el que salía Obama con su famoso "Podemos". Nos dijeron que los ciudadanos eran clientes ( se me ocurrió objetar que eran unos clientes muy particulares ya que no podían acudir a la competencia si no estaban satisfechos con el servicio prestado por la administración y me respondió uno de estos nuevos conversos a lo privado que nada de eso, que para eso estaban las agencias..¿?).Pero lo mejor de todo fueron dos palabritas-mantras procedentes también del mundo privado: MISIÓN Y VISIÓN. A que suena como a religioso. Estos son dos conceptos-chorradas del tan anhelado, por nuestros papanatas políticos y político-gestores, mundo de la empresa privada. Ahora toda organización debe tener una misión y una visión. Y como no, estos lumbreras que dirigen nuestra pobre Junta de Andalucía, han descubierto que también ésta debe tener su misión y su visión. Como si éstas no estuvieran ya mas que establecidas en la Constitución y en el Derecho Administrativo.

La cuestión es que la "misión" de los dirigentes de nuestra administración es engañarnos a todos con la supuesta falta de eficacia y agilidad de la Administración pública. De esta manera, la creación de una administración paralela que duplica órganos y recursos y que produce el vaciamiento de funciones y la desfuncionarización de los puestos de trabajo en la administración general, que prescinde del derecho administrativo, y por tanto de todo un sistema de control en el manejo de los asuntos y del dinero público, se justifica esgrimiendo el fantasma de la burocracia, lenta e ineficaz, de la administración tradicional. Se sacrifica la legalidad por la eficacia. Peor aún, la legalidad por una falsa eficacia. Pues si nunca estaría justificado, en un Estado de derecho, el sacrificio de la legalidad en aras de la eficacia o de la agilidad, menos todavía cuando esa eficacia o agilidad no son tales. ¿Se ha hecho algún análisis, evaluación o estudio serio que haya valorado positivamente esa supuesta eficacia de la administración instrumental de la Junta de Andalucía?. Para lo que sin duda no hace falta ningún estudio es para concluir que ha sido muy eficaz para una innumerable legión de corruptos.

Es justamente desde el ámbito del propio Derecho Administrativo desde el que se han hecho esfuerzos por dotar de eficacia y agilidad a la Administración tradicional en un intento de superar, sin prescindir de la legalidad, los defectos de la denostada burocracia. Leyes como la 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, supusieron incidir claramente sobre ello. Si a esto unimos la realidad de la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en las administraciones, el ideal de conciliar legalidad y agilidad no parecería tan lejano como nos quiere hacer pensar la interesada clase política. Los que trabajamos en la administración sabemos que a los políticos que dirigen la Junta de Andalucía no les interesa la eficacia ni la agilidad, para ellos lo eficaz y ágil es saltarse la legalidad ( los controles administrativos, fiscalizadores) para poder operar al margen del interés general, pues para ellos éste no es otro que el interés particular y partidista de su linea política, sindical y social.

Ellos sí han aprendido la lección de la eficacia y la agilidad, pero no para prestar un mejor servicio a los ciudadanos, sino para crear una administración a imagen y semejanza de sus auténticas intenciones e intereses. Una administración sistémicamente corrupta porque pervierte la esencia de su "misión", que está claramente definida en la Constitución : servir con objetividad e imparcialidad los intereses generales; para lo que no hace falta encontrar ni perseguir ninguna "visión". Simplemente basta con "ver" la Constitución. O quizás atenerse a la recomendación de San Agustín en sus Confesiones: "Pero consultada la justicia, pensó mejor su decisión y juzgó más útil la equidad, que se lo prohibía, que el poder, que se lo permitía."

 BREVE VISTAZO AL SUPREMO

Es penoso ponerse a ver la Sentencia del Supremo sobre los antiguos trabajadores de la FAFFE. Dicen los “señores del Supremo”, Dios nos coja confesados, que los Faffes eran ya empleados públicos con anterioridad a la ley del enchufismo y al Decreto de aprobación de los Estatutos del SAE, etc.... Por cierto los señores del Supremo parecen desconocer que el Servicio Andaluz de Empleo es el SAE y no el “ASAE”, como se dice reiteradamente en la Sentencia.

En la página 10 de la infame Sentencia se lee: “Insiste (se refiere al Ministerio Fiscal) en que el personal cuestionado ya tenía la condición de empleado público, ya estaba sujeto al Estatuto Básico del Empleado Püblico antes de que se aprobara la Ley 1/2011 y se dictara el Decreto 96/2011.”

MENTIRA.

El artículo 52.1.b de la L.A.J.A. señala a las Fundaciones del sector público andaluz como “entes instrumentales privados”.

El 52.3 es todavía mas claro al decir que las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público andaluz tienen personalidad jurídica privada.

El artículo 2.1 del E.B.E.P., al definir el ámbito de aplicación incluye en el concepto de Administración Pública a los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. Es decir, deja fuera del ámbito de aplicación del E.B.E.P. , y por tanto de la consideración de “administración pública”, a las entidades de derecho privado, como serían, según la L.A.J.A., las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público.

A continuación, el mismo E.B.E.P, en su artículo 8, dice que “son empleados públicos quienes desempeñen funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.”

La Sentencia, en su página 15, insiste en que La FAFFE y los Consorcios UTEDLT eran entes de derecho público. Puede que los Consorcios si lo fueran, no estoy seguro, aunque sería muy fácil comprobarlo, pero en cualquier caso no la FAFFE, ya que ésta era una Fundación del sector público andaluz.

Además, señala la Sentencia en la misma página, que ya tenían la condición de empleados públicos “porque así resulta de los artículos 2.1, 8.1 c) y de la disposición adicional primera del Estatuto Básico del Empleado Público”.

El artículo 2.1 ya se ha comentado. Solo cabe pensar que el Tribunal considera a las Fundaciones del sector público andaluz como entidades de derecho público, ignorando lo que dice la LAJA..

El 8.1 c) sencillamente no existe. Se querrá referir el altísimo tribunal al 8.2 c) que cita al personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. Muy bien, y qué. Personal laboral de entidades definidas por el art. 2.1 como administraciones públicas, no personal laboral de entidades no incluidas en el mismo.

En cuanto a la disposición adicional primera del EBEP, resulta bochornosamente forzado el hecho de pretender afianzar el argumento de la consideración de empleados públicos recurriendo a un artículo que precisamente lo que hace es señalar algunos preceptos ( de principios éticos y código de conductas) que se aplicarán también a entidades del sector público que quedan fuera del ámbito de aplicación del EBEP. Es decir se trata de una excepción, relativa a la aplicación de dichos preceptos a quienes no son propiamente “empleados públicos”, justamente porque si lo fueran no sería necesaria la tal disposición adicional primera.

En fin, no he hecho un análisis exhaustivo de la Sentencia, entre otras cosas porque no soy experto en Derecho, sólo me he fijado en los detalles que he descrito y no alcanzo a comprender como puede el Supremo afirmar que se trata de entidades de derecho público y de empleados públicos. O tal vez es que yo no vea algún matiz importante. Si hay alguien que advierta lo que yo no veo, desearía me ayudara a salir de mi error.

Sinceramente prefiero estar en un error, del que siempre existe la posibilidad de salir.

La otra alternativa, la de que yo no esté equivocado, es realmente preocupante. ¿Un Tribunal incurriendo en falsedades notorias?, ¿ La Justicia siendo selectivamente ciega?, ¿La política metida en las tripas de la Justicia?.

Pues claro, todo esto y más. Ya lo sabemos.

Por favor, que alguien me diga que estoy equivocado.