IMPUTEICHON
Chaves, Griñan y
compañía....¿Les saldrá gratis haberse pasado el derecho
administrativo por el arco del triunfo?. ¿Saldrán indemnes de ese
desprecio chulesco hacia las leyes, hasta el punto de haber
propiciado la manufactura de normas a medida, de haber retorcido la
ley y el derecho para ..? Me temo que sí.
Creo que nunca en mi vida
he deseado tanto equivocarme, pero creo que el Supremo terminará por
no inculpar ningún delito a estos dos y a los demás. Es más, a la
larga le puede beneficiar a los sociolistos el hecho de que el
Supremo, tras haber investigado, no encuentre indicios de delito como
para solicitar el suplicatorio y continuar así el procedimiento. Por
cierto, ¿estará el TSJA esperando a lo que haga el Supremo con los
peces mayores para ver que hace con los menores?.
Mi confianza en el
Supremo es bastante escasa, por no decir nula, desde el momento que
vino a declarar en una Sentencia sobre los recursos que interpusimos
muchos funcionarios, que el personal de la fundación FAFFE (entre
otros entes), eran ya, con anterioridad a su integración por
subrogación empresarial ( por la cara, vamos) en la Agencia SAE,
empleados públicos. ¡Empleados públicos unos empleados de un ente
de Derecho Privado como era la fundación!. Sí, de un ente privado,
con trabajadores privados, aunque perteneciente al sector público.
No hay más que ver lo que dice la LAJA: art. 52.3.” Las sociedades
mercantiles y la fundaciones del sector público tienen personalidad
jurídica privada,..” y luego echarle otra miradita a dos
articulitos del EBEP, por un lado el art. 8.1. en donde se define el
concepto de empleados públicos: “Son empleados públicos quienes
desempeñen funciones retribuidas en las Administraciones Públicas
al servicio de los intereses generales.”, y luego poner esto último
en relación con el art. 2.1 del mismo texto en el que se señala
cuales son las Administraciones Públicas que entran en el ámbito de
dicho Estatuto, no figurando en dicha descripción las entidades de
derecho privado del sector público. Es decir, se trataba de
trabajadores privados convertidos por arte de birlibirloque en empleados públicos.
Después de esta
bestialidad, de esta patada descaradísima al Derecho, de esta
vergonzosa muestra de falta de profesionalidad y de imparcialidad, de
ese increible sometimiento a intereses partidistas, que cabe esperar
de ese Tribunal. Poco. O nada. Repito: Ojalá me equivoque.
Por último quisiera
decirle algo a los simpatizantes del PSOE: No salva la cuestión el
hecho de que Chaves y Griñan no se hayan llevado un euro.., ni que
eso de que crearon y engordaron una administración paralela, ajena a
los controles para beneficiar a los suyos, o para crear una red
clientelar sea algo que un Tribunal no pueda demostrar de manera
suficiente, etc...da lo mismo. La cuestión es simple y llanamente la
siguiente:
Cuando estos señores ( y
otros con anterioridad y con posterioridad) se hicieron cargo del
gobierno y la administración de Andalucía existía ya una
Administración Pública regida por el Derecho Administrativo, con
una serie de instituciones y procedimientos; instituciones y
procedimientos sancionados por los máximos órganos legislativos y
de representación de la soberanía popular como son los parlamentos
(Estatal y Andaluz). Sin embargo ellos prefirieron crear y fomentar
otra administración con otras instituciones y procedimientos
distintos a los que las leyes, empezando por la Constitución,
prescribían para los asuntos públicos. ¿Por qué lo hicieron?. El
derecho que rige en la administraciones no es electivo. Si en vez de
atenerse a él se opta por otro distinto, habrá que preguntarse por
qué, para qué, etc..Pero no hay que olvidar que el hecho en sí
mismo de no respetar tal derecho es, o debería ser, un delito. ¿O
es que no estamos todos los ciudadanos obligados a respetar la
leyes?. Todos. Incluidos, alguien diría que con más motivo, los
gobernantes. Y ello al margen de quién se quede los dineros, los
favores y demás, o de que haya unos cuantos o una legión de
beneficiados por la fechoría.
La nítida realidad es
que se han concedido subvenciones y ayudas sin control, por
procedimientos y entidades distintos a los previstos previamente por
leyes y reglamentos y que esto no se hubiera podido hacer sin el
conocimiento y aquiescencia de los máximos responsables de esa
organización llamada Junta de Andalucia.
¿Asistiremos a una nueva
torsión de la lógica de la Justicia y el Derecho, o por fin veremos
restablecida nuestra exigüe creencia en aquello de la Justicia igual
para todos?.