CÓMPLICES A LA FUERZA
Les presento a Don
Manuel Jiménez Barrios, actual Consejero de Presidencia y
Vicepresidente, en funciones, de la Junta de Andalucía y a D. Ángel
María Prados Ruiz, Presidente, en la primera decena del presente
siglo al menos, de una asociación denominada Asociación Profesional
de Derecho Deportivo.
Esta es una historia más
de piratas. Sin islas caribeñas, ni arriesgados abordajes, ni
feroces saqueos, ni tesoros escondidos, sino de piratas de traje y
corbata, sin glamour ni exotismo, metiendo la mano en el tesoro, no
precisamente escondido aunque si técnicamente cifrado en unos
papeles denominados “Presupuestos”, ajeno a la vista del común
de los mortales. Es un episodio más del saqueo, desde las mismísimas
entrañas de la oficialidad de nuestra Comunidad Autónoma.
Esta historia podría
comenzar así: Érese una vez un Secretario General para el Deporte
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía, durante los años 2004 a 2011, el de la izquierda, el de
las banderas detrás; y un presidente de un chiringuito alimentado
por el PSOE de Andalucía denominado Asociación Profesional de
Derecho Deportivo. El primero, cuya cara les resultará más
familiar, aunque sólo sea de verlo en la tele al lado de Susana,
era, allá por el año 2007, mi jefe. En
ese año me incorporé, como funcionario, a un puesto en la
Secretaría General para el Deporte y Manuel Jiménez Barrios era un
jefe simpático, educado y con apariencia de honrado. Al otro, el que
“redondea” la historia, apenas le conocí, cosa que no lamento
porque debía ser un tipo prepotente a juzgar por la manera en que se
movía por los despachos y por alguna referencia que me llegaría con
el tiempo. En cuanto al primero, cómo iba yo a imaginar entonces que
se convertiría en el Consejero de la Presidencia de un Gobierno
presidido por una tal Susana, o incluso en Vicepresidente de la
Junta; como tampoco podía imaginar que no era sino un elemento más
del tropel de saqueadores que bajo la bandera del socialismo, en
sustitución de la de la calavera, se dedicaron al abordaje
desaforado de nuestros caudales públicos. Pero como la inocencia en
la Junta dura lo que un caramelo en la puerta de un colegio, no tardó
en estallar, ante mis propias narices, un pequeño escándalo que
terminaría arrojando por la borda la poca que pudiera quedarme. Nada
en comparación con lo que vendría después con la ley que
consagraría el enchufismo en la Junta, con los ERE, Invercarias,
cursos de formación y la interminable retahila
que ya nos aburre. Apenas un primer aviso, pero un aviso
meridianamente claro de lo que sucedía y podía suceder en el lugar
al que había ido a parar tras superar unas oposiciones. Claro que
este “pequeño escándalo” sólo estalló en el acotado y
reducido ámbito de nuestro Servicio. No cruzó ninguna frontera más
allá de ese recinto profesional. Hasta este momento, lector, en que
estás siendo alcanzado por su retardada onda expansiva.
¡Hostias que es esto!, o
algo parecido, exclamaba uno de mis compañeros llamando nuestra
atención. ¡Qué pasa!, inquirimos levantando las cabezas.
En ese momento, se
tramitaban en mi Servicio unas subvenciones que se concedían
anualmente. Servicio de Formación e Inspección Deportiva, creo que
se llamaba, perteneciente a la Secretaria General para el Deporte de
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Eran subvenciones
destinadas a entidades o particulares que realizaran actividades
relacionadas con la formación deportiva y que, como cualquier otra
subvención, tuvieran un interés social.
“Aquí aparece el
Secretario General para el Deporte”, suelta mi compañero, que
andaba revisando las solicitudes de ese año.
¿Cómo que aparece?.
“Si, si, Manuel Jiménez Barrios, el Secretario General”.
Aparecía como director de una actividad para la que se solicitaba la
concesión de la citada subvención. No puede ser. “¿Que no?, y
entonces aquí que dice”.
Se trataba de
subvenciones regladas en régimen competitivo. Se
concedían, mediante la firma del Sr. Secretario General para
el Deporte, ayudas para la realización de cursos, para edición
de material de formación o investigación deportiva, para
celebración de congresos, jornadas o encuentros relacionados con el
deporte, etc.. Alguien, en nombre de una asociación, solicitaba una
subvención para dos actividades concretas: La primera de ellas se
refería a la elaboración y edición de una revista deportiva
y la otra para la celebración de una reunión de una comisión
relacionada con el mundo del deporte. La revista se denominaba
“Revista Andaluza de Derecho del Deporte”. En ese momento sólo
conocíamos el nombre. Después nos enteraríamos que esa revista la
editaba la propia Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, como
puede verse en el enlace
http://www.ctcd.junta-andalucia.es/publicaciones/22303_02.pdf.
¡Cómo va a pedir una
subvención para él mismo!. Pero, vamos a ver, ¿quién pide la
subvención?. Bueno, la piden los de la asociación esta de derecho
deportivo..., pero aquí se habla de una revista de la que es
director el Secretario General. También aparecía, en el consejo de
redacción de la revista, algún que otro cargo de la Secretaría. En
los presupuestos de elaboración de aquella, para los que se
solicitaba la ayuda económica, figuraban también, como no, los
honorarios de los miembros de dicho consejo.
La subvención para estas
dos actividades la solicitaba una tal “Asociación Profesional de
Derecho Deportivo”. La solicitud la firmaba su presidente: Ángel
María Prados Ruiz, también miembro del consejo de redacción de la
revista. Más tarde me enteraría que este tipo, o bien su hermano,
no recuerdo bien, había sido el antecesor en el cargo de mi jefe.
¡Tenemos que hacer algo!.
No sé...Y qué vamos a hacer... Pues por lo menos que no nos tomen por
tontos, que vean que nos damos cuenta de lo que pasa. No era el
primer año que esa asociación solicitaba la subvención y además
se la concedían año tras año. Encima era de las más cuantiosas
económicamente; en torno a los treinta mil euros. Sólo que otras veces quizás se había presentado
la solicitud con más cuidado en cuanto a los nombres que aparecían,
pero ese año, se ve que confiados en la impunidad acostumbrada se
les había deslizado algún dato de más. O quizás mi compañero
indagó más que otras veces. No lo sé. Más difícil era justificar
a la Intervención Delegada que en teoría debía fiscalizar las
actividades subvencionadas. En fin, hoy todo esto me parece un
despropósito, pero entonces, recién llegado a ese Servicio no me
hacía una idea muy clara de donde estaban o debían estar los
controles, pero desde luego no me olía todo aquello, como al resto
de mis compañeros, nada bien.
Puede ser que no sea muy
correcto lo que se ha hecho, pero ¡aquí no hay nada ilegal!, decía
mi Jefa de Servicio, intentando reconducir la situación y nos
repitió, ya en un tono de mayor irritación no exento de una pizca
de desafío o de provocación amenazadora: ¡es que me vais a decir
que aquí hay alguna ilegalidad!, ¿alguien puede decir que hay
ilegalidad?.
Eso dio resultado. Nos
achantamos. Un silencio bastante incómodo se hizo entre nosotros. En
una oficina pequeña. Todos de pié. Nadie dijo nada. Yo me mordí la
lengua. Todavía me arrepiento. Aún no había llegado el tsunami de
la Reordenación ni el descomunal afloramiento de la corrupción que
vivimos hoy. Ahora ya no me hubiera callado.
Como poco, y sin mayores
indagaciones, se infringían nada menos que dos normas, contenidas en
dos leyes: La ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La primera en lo referente a la abstención: Artículo 28.2. “Son
motivos de abstención los siguientes: a) Tener interés personal en
el asunto de que se trate...". La segunda en lo que se refiere a la
llamada “concurrencia competitiva”: Artículo 22.1. “...la
concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de
las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre
las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente
fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar,
con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito
disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en
aplicación de los citados criterios”. Una mirada algo más pausada
y experta en Derecho que la mía sin duda podría añadir algunas
normas más.
Pero, además, no hacía
falta ser un experto en legislación para darse cuenta de que no puede ser
admisible, ni desde el punto de vista moral, ni desde el punto de
vista legal, que la misma persona que conceda las subvenciones, el
Secretario General, sea un beneficiario directo o indirecto de las
mismas. Y esta cuestión es inescamoteable desde el momento que
aparecía, el propio Secretario General, como director de la revista a subvencionar.
Tampoco hacia falta un gran conocimiento de la legislación para advertir que no es jugar limpio, y
por tanto ya debe ser contrario a Derecho, quebrar el principio de
concurrencia competitiva, habida cuenta de que la actividad, al
tratarse de elaborar y editar una revista “de la propia Secretaria
General para el Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte” tenía garantizada su realización año tras año,
independientemente de valoración alguna de criterios para la
concesión o no de la subvención, como ocurría con el resto de
solicitudes, de las que muchas quedaban fuera del listado de las
concedidas por falta de presupuesto, como es lógico y habitual.
En cuanto a la segunda
actividad para la que también se solicitaba subvención, ¿creen
ustedes que se trataba de algo más limpio, más “normal”?. Pues
no. Estamos hablando de la Junta de Andalucía. Brevemente diré que
se solicitaba una subvención para realizar la convocatoria de una
reunión de un órgano perteneciente a la propia Secretaría General
para el Deporte, al igual que la revista. Creo que se llamaba "Comité Ándaluz de Disciplina Deportiva". Al parecer esta
Asociación, la Asociación Profesional de Derecho Deportivo,
presidida por el señor de mayor amplitud corporal de los retratados,
se dedicaba a convocar esas reuniones e invitar a personalidades del
mundo del deporte, para lo cual solicitaba la ayuda económica. Sin
comentarios. Valgan aquí los mismos argumentos anteriormente
expuestos y seguramente algunos otros que para qué mencionar.
Sobra decir que la
Consejería, para la edición de la revista, debería disponer en sus
presupuestos de los recursos necesarios para hacerlo, por sí misma o
mediante un contrato de servicios con alguna empresa del sector, o
mediante contratos de servicios con colaboradores particulares ajenos
a la administración, pero nunca a través de una subvención reglada
en régimen de concurrencia competitiva, quebrando así este mismo
principio de concurrencia y perjudicando a alguna otra entidad, ajena
a la administración, que se quedaba sin opción a la subvención. Y
no digamos, respecto a la comisión o comité mencionado, que siendo
un órgano de la propia administración tenga que venir a convocarlo
una Asociación ajena por completo a la misma. Bueno, en realidad, y
fraudulentamente, no era tan ajena a ella.
Esto pasaba y tal vez
siga pasando en la Junta de Andalucía. Una más de tantas cosas que no han saltado
fuera de los muros de esta administración podrida. Algo más que el
tiempo se llevó, dejando sin embargo el recuerdo en algunos de
nosotros y la desagradable sensación de haber sido utilizados, de
ser cómplices a la fuerza de la falta de ética y
honestidad de nuestros dirigentes.
Cada vez que alguno de
nosotros hablábamos de que lo sucedido trascendiera fuera, que
llegara a conocimiento de la Inspección, por ejemplo, alguno de los
compañeros más antiguos nos desalentaban con argumentos relativos a
la inutilidad de tal medida, con el añadido del más que previsible
perjuicio para nuestra carrera profesional e incluso para nuestro
bienestar personal, que meternos en un lío semejante supondría.
Esto además era apoyado con el relato de algún caso similar o
parecido que alguien había vivido o conocido con anterioridad en la
Junta.
Nuestro indignado y
semifrustrado motín consiguió algunas cosas: el ocultamiento del
expediente en cuestión, al menos por un tiempo, el enfado de Jefes
de Servicio y Coordinador, alguna tonta represalia referida al
cumplimiento mas estricto de horarios y la redacción por parte del
presidente de la asociación de marras de una cartita que nos
hicieron llegar, en la que este buen hombre decía que el Secretario
General para el Deporte era un ser inmaculado porque ejercía de
director de la revista pero a “título honorífico” y no cobraba
nada. Como si eso, independientemente de que fuera cierto o no,
zanjara la cuestión. Fue patético. Por otra parte, e
incomprensiblemente, todo se centró en el asunto de la revista. El
tema de la comisión quedó como olvidado, como si no hubiera
existido. Fue como si el impacto de la cuestión de la revista fuera
ya de por sí tan insoportable que no quedara resquicio alguno para
otro impacto más.
Cómplice a la fuerza
me sentí entonces. Y ahora pienso que, en cierta manera, todos
seguimos siendo cómplices a la fuerza. Rehenes de una casta
política, amparada en las siglas de un partido que tal vez en otro
tiempo pudo mirarse en el espejo de la historia sin sonrojarse. Todos
los que trabajamos en la Junta somos peones, en mayor o menor medida,
de un juego en el que se mezcla y confunde, con demasiada frecuencia,
la gestión limpia de los asuntos públicos con la gestión
de intereses de
partido, o incluso personales. Cómplices, a la vez que
víctimas, de un secuestro. El de una administración por un partido
político. La diferencia estriba simplemente en sentirse cómodo con
esa complicidad o no, en “colaborar” o no.